Gualberto Cusi fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional con la mayor cantidad de votos en las elecciones judiciales de 2011. Fue uno de los magistrados que no aprobó, en 2013, el fallo de sus tres colegas del TCP habilitando a Evo Morales a un nuevo mandato inconstitucional. Cusi expresó públicamente que “el TCP dio una señal de manipulación e injerencia política”. (La Razón, 24.9.2013)

Fue destituido en 2017, luego de un proceso viciado de irregularidades y violaciones a los derechos fundamentales de Cusi y el Senado boliviano derivó su caso a la justicia ordinaria “por delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, porque dejó en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado”. (P7, 2.6.17)

La suspensión temporal de la aplicación de la ley denunciada no tenía precedentes en la jurisprudencia constitucional, lo cual no significa que la objeción atendida y fundamentada por el ex magistrado no hubiera sido jurídicamente posible. Sin embargo, Cusi había fallado a ojos vistas contra las aspiraciones políticas del Poder Ejecutivo y del poder casi absoluto de los dos tercios del partido de gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El 19 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado de Paraguay por la destitución arbitraria de dos exministros, resaltando la relevancia de la independencia judicial como uno de los “pilares básicos de las garantías del debido proceso” y observa que el Poder Legislativo paraguayo cuestionó la interpretación jurídica y legal de otros magistrados así como evidenció un “acuerdo político” del Poder Ejecutivo y los parlamentarios para removerlos del cargo.

La injerencia del poder político en la administración de justicia no es una novedad.  El año 2009, en una época recurrente de protestas ciudadanas a favor de las autonomías departamentales, se produjeron dos hechos criminales con la detonación anónima de explosivos en los domicilios de un viceministro y un cardenal católico, que derivaron en la revelación retórica de un plan terrorista para derrocar al gobierno de Evo Morales, con el enjuiciamiento penal de aproximadamente 40 personas por espacio de casi 10 años, denuncias de extorsión fiscal, vicios procesales, violaciones a las garantías constitucionales y los derechos humanos.  A partir de entonces y promulgada la Ley 170 que incorporó al Código Penal la tipificación y modificación de los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo, separatismo y legitimación de ganancias ilícitas, la injusta espada de Damocles se cierne tras cualquier denuncia en lugar de la justa espada de Themis.

De manera aún poco investigada y difundida, ya se habla del oscuro camino político que va recorriendo la administración de justicia: el lawfare, el modus operandi detrás de operadores que responden a los montajes y andamiajes de mesas judiciales, armado de causas y estrategias de comunicación jurídica, organizadas para plantar el disciplinamiento social y demoler al adversario político o reducir al enemigo necesario.  Una analogía de la descripción de warfare, término de estrategia militar acuñado a fines del siglo XX, que describe “un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”.  Un equipo de investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires plantea la incógnita de un sistema penal por fuera del estado de derecho, “forzando en determinados casos el avance del aparato punitivo del Estado por fuera del sistema de garantías tanto nacional como internacional”, refiriéndose a fenómenos sociopolíticos e institucionales analizados en la región.

Volviendo al escenario boliviano más inmediato, tenemos dos expresidentes de Bolivia acusados por el Estado por delitos de terrorismo, sedición y conspiración, ambos contrapuestos. Evo Morales está libre, que no es lo mismo que inocente; y Jeanine Añez está detenida (preventivamente ¡300 días!), que no es lo mismo que culpable.

Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, visitará el país en febrero de 2022 y tendrá una agenda seguramente muy ocupada.  Presenta sus informes anual y directamente ante la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos.  Por la restauración de la Justicia, qué bueno sería su encuentro con el ex magistrado Gualberto Cusi, para contrapesar con el desbalance de la historia oficial de lo bien que estamos.