El buen sentido indica que este “año no electoral” es propicio para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. Debe hacerse con miras al próximo ciclo electoral, que se iniciará el segundo semestre de 2023 con las elecciones judiciales o, si acaso, un referéndum de reforma constitucional. Luego vendrán, en seguidilla, el período para la revocatoria de mandatos, las primarias de binomios presidenciales, las elecciones generales y los comicios subnacionales.

Claro que asumir el 2022 como un año sin elecciones no significa ignorar el ejercicio de las democracias. Pronto debe convocarse un nuevo referéndum aprobatorio de estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Está en camino la elección de alcaldes en San Javier y La Guardia. Hay pasos importantes en el proceso de autogobierno indígena. Se realizarán comicios en cooperativas de servicios públicos. Y están previstas decenas de consultas previas en minería. No es poco.

En ese contexto de avance, todavía lento, de la democracia intercultural, una necesidad democrática ineludible es consolidar el sistema de representación política. Salvo excepciones, los partidos y las agrupaciones ciudadanas cumplieron de mala gana el mandato de adecuar sus estatutos orgánicos a la Ley de Organizaciones Políticas. Varios no lo hicieron. Y no parecen tener voluntad, ni condiciones, para la actualización del registro de sus militancias, cuyo plazo vence en marzo.

Más allá de los actores políticos, es importante blindar el sistema electoral. En ese propósito la agenda es amplia, empezando por reformas en la legislación y la puesta al día reglamentaria. Debe preverse también la eventual redistribución/delimitación de escaños con arreglo a los datos del próximo censo. Y están en mesa, entre otras cuestiones, la celeridad del cómputo y un sistema de resultados preliminares, así como el afinamiento del registro electoral y el padrón biométrico.

La buena noticia es que tal agenda de fortalecimiento de la institucionalidad democrática está siendo asumida por las autoridades del TSE, como se anunció con detalle en el reciente acto público de instalación de labores en la presente gestión. Ahora falta que lo hagan las organizaciones políticas, tan lejos aún de su democratización interna. Y también las organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellos grupos antidemocráticos hoy empeñados en corroer el sistema.

Como país, necesitamos llegar con sólidos cimientos institucionales, normativos y de participación al próximo ciclo electoral. El 2022 es propicio para ello.Claro que el horizonte en construcción continúa siendo el ejercicio complementario y paritario de las democracias

FadoCracia fisurada

1. En una espléndida ilustración para despedir el 2021, el maestro Al-Azar retrata dos grupos de personas, de similar composición, separados por una grieta. Es una fisura profunda, que parece insalvable. No hay puentes: solo separación. Y distancia. 2. Por supuesto que las divisiones en la sociedad no son nuevas. En ciencia política se habla de clivajes: de clase, regionales, étnico-culturales, entre otros. 3. Parece diferente la idea de escisión, que a partir de un hecho o proceso separa dos bloques: A versus B, que con frecuencia es una ruptura A versus antiA. 4. Tengo la sensación, mezclada con incertidumbre, de que en la coyuntura crítica del 2019 se quebró algo en el país. Y no se trata solo de polarización política o discursiva. Creo que es una fisura en el propio tejido social, en nuestra comunidad política. 5. Así, más allá de la disputa de relatos, que llegó para quedarse, ¿podremos recomponer nuestra convivencia en democracia? ¿Queremos hacerlo? 6. Mi apuesta es por el sí, aunque seguramente tomará mucho tiempo. 7. “Las heridas cicatrizan, pero las cicatrices crecen con nosotros” (Lec).