Sobre la base de un plan estratégico presentado en septiembre pasado, en la Cumbre de Justicia anunciada para marzo de este año deberían construirse acuerdos y consensos para la reforma del Órgano Judicial. El evento, que podría dar vida a las conclusiones de una anterior Cumbre en 2016, debe asegurar la participación más plural posible a fin de arribar a conclusiones viables.

También piensa así el Ministro de Justicia, quien en entrevista con este diario reconoció que no habrá buenos resultados en la cita de marzo “si la reforma judicial no acoge al total de las fuerzas políticas, de colegios de abogados, de universidades, sectores sociales, del pueblo”. El Presidente del Estado, por su parte, aseguró en la inauguración del año judicial que esta vez la reforma dejará de ser “un discurso” para convertirse “en hechos concretos para beneficio directo de la población boliviana”.

Coincide el renovado interés en asegurar una Cumbre donde se obtenga resultados con la pronta visita del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, quien llega para evaluar la independencia del Órgano Judicial boliviano, según anunció el ministro. Asimismo, el plan estratégico responde a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los sucesos de octubre y noviembre de 2019.

Toca ahora traducir esa voluntad en eficaces acercamientos con todos los actores políticos y sociales, que deberán discutir en muy pocos días sobre aspectos como la distribución de jueces y juzgados en el país, el sistema de acceso a la justicia, la independencia judicial, las soluciones tecnológicas, el desarrollo normativo y la transparencia, seis ejes que se proponen para hallar un camino de transformación del Órgano Judicial y de la justicia en Bolivia.

El ministro añade a la problemática tres temas más: la elección de autoridades del Órgano Judicial; el presupuesto para justicia, aunque luego cuestiona que Bs 1.000 millones anuales no alcancen para brindar justicia, y responder a las necesidades de la gente. El primero de los tres, in extremis, demanda una difícil reforma constitucional, lo cual obliga a buscar fórmulas que posibiliten elegir a las mejores personas y profesionales sin alterar el mandato constitucional.

Es posible que el verdadero consenso nacional esté en torno a la necesidad de reformar la justicia; al mismo tiempo, es posible que las alternativas para esta reforma sean fuente de disenso. Corresponde a quienes organizan la Cumbre de marzo sacar el máximo provecho al consenso de partida.

Un nuevo fracaso en la búsqueda de salidas a la crisis, que de tan larga se ha convertido en la cotidianidad del sistema de justicia boliviano, puede tener efectos adversos para la gobernabilidad, amén de la credibilidad de las autoridades, que ya en otras ocasiones se mostraron incapaces de acompañar las palabras de necesidad y urgencia con acciones de idéntico sentido.