Una de las características personales del político vinculado al Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, es que declara con descarnada sinceridad sobre temas críticos. Y eso es valorable en los políticos hoy.

Silva, actual viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, una dependencia del Ministerio de Justicia dirigido por el abogado Iván Lima, ha hablado claro a un medio de comunicación cruceño sobre la situación de la justicia en el país.

Dijo las cosas que toda la población sabe, vive y sufre: no hay independencia judicial; ha habido subordinación de poderes, del Judicial al Ejecutivo, incluso al Legislativo; (los operadores de justicia) se ponen la camiseta en función del gobierno; no hay independencia del poder judicial.

Luego del descarnado diagnóstico, Silva reiteró la decisión del gobierno de impulsar una reforma judicial, lo cual también es destacable y se constituye en una demanda cada día más crítica y urgente de la sociedad boliviana.

Pero la primera decisión política del gobierno que pretende impulsar esta reforma, que no puede fracasar dados los antecedentes y el hartazgo popular, es cambiar de inmediato el comportamiento político injerencista y no solo dejar de someter a los operadores de justicia actuales, sino también exigirles el ejercicio de sus funciones con ética, honestidad y probidad.

Una clara muestra de esa decisión se palparía cuando en procesos judiciales en curso que involucran a ex mandatarios, ex ministros incluso de la gestión de Evo Morales, comparezcan y se sometan a las decisiones judiciales. Nadie debe estar encima de la ley.

Solo así, sin necesidad de grandes cambios como los que pretenden y anuncian, que básicamente se reducirán a cambios de personas y operadores, el Ministerio Público tendrá la autoridad de citar y procesar a los sospechosos de los hechos luctuosos noviembre de 2019, o a los responsables de hechos de corrupción millonarios, y esclarecer responsabilidades, tanto las que le corresponden al gobernador cruceño y a los líderes políticos de derecha de entonces, e incluso a Evo Morales y García Linera, quienes, por elemental procedimiento investigativo, deben también aportar pruebas y testimonios en las investigaciones.

La autoridad moral y política del actual gobierno de Arce Catacora está tocada; afectada por sus propios errores (tuvo que retroceder al menos tres veces en la aprobación de normas cuestionadas) y la vigencia de un modelo económico básicamente neoliberal, con tímidas medidas redistributivas, no le dan margen de acción y el enrarecimiento del clima político judicializado tiende a perjudicarlo antes que a favorecerlo.

En consecuencia, los anuncios de reformas en el Órgano Judicial, viniendo de un Órgano Ejecutivo injerencista, tienen pocos visos de éxito si no van previamente acompañados de un cambio radical de conducta desde ese mismo Ejecutivo (que también condiciona al Legislativo), dejando operar con independencia y exigiendo que lo hagan ajustados a la ley, a los actuales operadores judiciales. ¿Y los jueces con camiseta masista que denunció Jorge Silva? Pues tendrá que ser el mismo MAS el que los aleje de esos cargos, porque justicia con color es la peor de las injusticias.

El solo hecho de que un viceministro del Ministerio de Justicia haya expresado públicamente los males que aquejan a ese Órgano Judicial es un avance alentador. Ojalá no lo acallen sus superiores políticos. Dice también bien del ministro Lima, quien precisamente impulsa los cambios.

Vale la pena recordar que solo los actos coherentes con el discurso fortalecen la autoridad moral de las personas, y este gobierno necesita urgentemente recuperar autoridad moral, ética y política.