La decisión gubernamental de suspender, por 20 días, la obligatoriedad del carnet de vacunación o una prueba de diagnóstico PCR negativa, y reciente, sólo cinco días después de que esa medida entrara en vigencia, evidencia con total crudeza lo que ya era claro: la improvisación en las decisiones que toma el Gobierno, y en su ejecución.

Imposible disimular la total improvisación, carencia de planificación, falta de visión en perspectiva de las consecuencias colaterales —sociales, políticas y sanitarias— y otros aspectos esenciales de esa determinación cuya oportunidad y eficacia, en términos de lucha contra la pandemia, eran evidentes.

Esas carencias y consecuencias inconvenientes —que debieron considerarse y evitarse antes de promulgarse las medidas— han perjudicado los resultados positivos de los decretos cuya vigencia está ahora en suspenso.

Mientras estuvo vigente, e incluso antes, la medida tuvo el efecto de que más de medio millón de personas acudan a los centros de vacunación para recibir el pinchazo inmunizador que rechazaban hasta entonces.

Era, y es, una medida inteligente, pues respeta el derecho —de quienes descreen de su beneficio— a rechazar la vacuna anticovid y, al mismo tiempo, los responsabiliza por el ejercicio de esa facultad y evita que al ejercerlo perjudiquen al resto de la sociedad.

El inobjetable éxito de esa imposición, dictada en el ejercicio de sus responsabilidades como Gobierno, fue la primera causa de su fracaso —pues no es otra cosa lo que obligó a suspender la medida.

El fracaso fue múltiple, comenzando por los riesgos sanitarios de las aglomeraciones de miles de personas, en todo el país, haciendo largas filas para vacunarse. Esas filas duraron horas por la saturación del sistema informático, lo que constituye un fracaso tecnológico.

Y, para completar el panorama, el rechazo a las medidas se organizó y provocó remezones al interior del partido gobernante y su constelación de organizaciones sociales afines: fracaso de políticas comunicacionales —prácticamente inexistentes— y fracaso político, a secas, pues el retroceso convirtió al Gobierno en el blanco de todo género de críticas, merecidas o no, que marchitan aún más su imagen.

Una imagen que ya está harto ajada y de todo lado, desde anuncios de iniciativas y retrocesos posteriores —como el de la reforma judicial—, casos de corrupción y abusos, discursos vacíos que ya nadie cree acerca de una recuperación económica que nadie percibe y un largo etcétera.

Esta derrota, cuyas consecuencias no sospechamos aún, tendría que ser una lección para el Gobierno.

Para comenzar, el presidente del Estado tendría que reconocerla públicamente y ser honesto con ese pueblo al que evoca cuando se ufana de su elección. Y luego, optar por gobernar efectivamente y en beneficio de todo el país y no de un partido, pues para eso fue elegido.