“No hay independencia judicial” reconoció el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor del Ministerio de Justicia, Jorge Silva, al revelar que muchos administradores de justicia actualmente están con la “camiseta azul”.

“Muchos de los actuales administradores de justicia han sido los que nos han perseguido (a los del MAS), y hoy día están con la camiseta azul. Eso no puede ser, eso tenemos que cambiar para que la justicia sea independiente”, develó Silva en entrevista con El Deber Radio.

La autoridad de manera reiterada afirmó que “no hay independencia judicial” en Bolivia, que es un problema que se arrastra desde el nacimiento de la República, argumentó que a título de coordinación de poderes ha “habido subordinación de poderes. Desde el inicio el poder Judicial ha estado subordinado al poder Ejecutivo, incluso al poder Legislativo”.

En su criterio, la justicia siempre se va a colocar “del lado al que le debe el favor”, al referirse al proceso de elección. En sentido figurado, Silva dijo que por “eso se cambia rápidamente la camiseta cuando hay un cambio de gobierno. Hoy día son masistas, si mañana hay un golpe de Estado van a ser camachistas y si hay elecciones y gana Evo van a ser evistas”.

“Se ponen la camiseta en función del gobierno y eso no está bien y eso hace daño a la justicia. El cambio de camiseta, el sometimiento y la subordinación al gobierno de turno”, detalló el viceministro.

Comentó que este problema debe ser enfrentado con la implementación de la carrera judicial, concurso de méritos, convocatorias transparentes y que los que califican a los postulantes no estén ligados a las esferas políticas. Actualmente, la Constitución prevé la elección de altas autoridades judiciales mediante el voto de la población, pero de listas seleccionadas en la Asamblea Legislativa.

En ese contexto, dijo que la reforma es un desafío para el Gobierno, “la independencia judicial es el gran reto que tenemos, como es la transformación judicial”, en un contexto en el que la población no cree en la administración de justicia y que a lo largo de los años se ha convertido en una “deuda” con la población.

“Por lo tanto, es un reto de nuestro Gobierno ir con una reforma de la justicia y por eso la inauguración del año judicial, porque este año se tienen que dar los primeros grandes pasos para reformar y trasformar la administración de justicia”, afirmó en la línea gubernamental.

Reseñó que en julio del año pasado se empezó la socialización de los seis pilares que planteó el Gobierno para la reforma, los tres meses siguientes sirvieron para sistematizar todas las propuestas y sugerencias, y hasta marzo, se trabajará un documento y propuesta para la reforma de justicia que se realizará en una cumbre.

Silva añadió que este año también se va a decidir cómo se van a elegir a las máximas autoridades judiciales el 2023. Si va a mantener la modalidad mediante voto popular, si se va abrir la Constitución, aunque para eso se requiere una Constituyente, o se irá por la reforma en el marco de la CPE.

“Porque si queremos hablar de independencia tenemos que cortar ese vínculo umbilical entre el órgano Judicial y el órgano Ejecutivo y eso significa que ningún senador, diputado, ministro, empresario tenga su juez o fiscal para que lo proteja”, sostuvo Silva.