Al cerrar la agenda de 2021, la Asamblea Legislativa proyectó a la reforma judicial, además de la elección del representante de la Defensoría del Pueblo como las tareas más importantes. Al inicio de 2022, el MAS no ha priorizado esa agenda ni avanzó para cumplirla, según observaciones que llegan desde el mismo oficialismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), anunció que desde el lunes 10 de enero “todas las comisiones y comités” volverán a sus funciones tras el receso que comenzó el 24 de diciembre. Anticipó que se programará una sesión plenaria sobre cuyo temario no dio detalles y así poner en marcha la agenda política de este año.

Por efecto de esta pausa de fin de año no hubo actividad en las dependencias de la Asamblea Legislativa. Esta semana, pocos asambleístas llegaron hasta el nuevo edificio del parlamento y se notó la ausencia de casi todos los senadores y de su presidente, Andrónico Rodríguez (MAS), quien tampoco estuvo en el acto de la inauguración del año judicial y constitucional que se desarrolló el lunes 3 de enero en Sucre.

“El primer reto de nuestra Asamblea es tener una agenda legislativa que, lamentablemente, no se la tuvo en 2021. Estuvimos andando de tumbo en tumbo y no la tuvimos. Ahora estamos trabajando en elaborarla”, afirmó el diputado cruceño Jerjes Mercado (MAS), quien anunció que la próxima semana se desarrollará un seminario para reflexionar sobre las prioridades de la agenda del Legislativo. 

Mencionó la necesidad de incorporar en la discusión el demorado proyecto siderúrgico del Mutún, el Hub del aeropuerto de Viru Viru, además de la hidroeléctrica Rositas. Señaló que debe existir un respaldo político para iniciativas vinculadas con la ciencia y la tecnología.

“Temas como estos son centrales, pero sin desviarse de lo fundamental: Hay que volver al camino del crecimiento con distribución de riqueza y debemos derrotar a la pandemia. El tema de la justicia sigue pendiente y hay que nominar al defensor del pueblo y nosotros, como parlamentarios cruceños, vamos a hacer llegar nuestras propuestas en las próximas dos semanas, como máximo”, afirmó el diputado.

La elección de la defensora o el defensor del Pueblo requiere de un consenso de dos tercios de legisladores presentes en la sesión. Por ejemplo, si los 130 diputados y 36 senadores asisten a esa elección se requiere el respaldo de 111 y el MAS tiene 96. De este modo, el oficialismo necesita el apoyo de 15 legisladores adicionales para llegar a ese consenso. De las dos alianzas opositoras, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, unos siete representantes se desmarcaron entre 2020 y 2021.

“La Defensoría del Pueblo debe concretar los principios de imparcialidad y bien común. Nosotros, como bancada, buscaremos concertar sobre la base de un perfil técnico, con experiencia probada y sin padrinazgo partidario pueda conducir a esta institución y devolverle la confianza ciudadana. Se trata de una entidad estatal de Derechos Humanos venida a menos en estos últimos años y con casi tres años de interinato, marcadamente progobierno”, manifestó el diputado Óscar Balderas (CC).

La defensora Nadia Cruz está en ese cargo desde el 30 de enero de 2019, cuando renunció David Tezanos-Pinto, quien se vio envuelto en un escándalo familiar. 

Pero hay más interinatos. El MAS anunció, en el curso de los últimos tres años y en unas siete ocasiones, la decisión de designar a las autoridades titulares de entidades del Estado y de empresas públicas. Aún no lo hizo. A la fecha, existen al menos 31 puestos vacantes clave y el más sensible es el de la Defensoría del Pueblo, además de presidencias en el Banco Central y empresas estratégicas como la petrolera YPFB.
“La Asamblea Legislativa debe cumplir sus atribuciones y terminar con los interinatos en instituciones estatales”, remarcó frente a estos datos el diputado Balderas.

Salud y empleo
El legislador opositor afirmó que, además, “se debe dar un fuerte impulso a la productividad y la generación de empleo, promoviendo también condiciones para dinamizar al sector privado”, precisamente, con miras a la reactivación económica, sin descuidar el “crecimiento sostenible, consciente de la problemática del cambio climático ni la protección de los recursos naturales del país”.

Además, el jefe de bancada de CC en la Cámara Diputados, Carlos Alarcón, anunció que presentará un proyecto de ley para priorizar el gasto fiscal “para aumento de las capacidades del sistema público de salud frente a las nuevas amenazas del Covid”.

“Proponemos usar para esta emergencia  una partida en el presupuesto del Estado, ya aprobado para la gestión 2022 y que se llama ‘otros gastos corrientes’, que alcanza aproximadamente a $us 600 millones”, afirmó el legislador.

El presidente de la Cámara de Diputados destacó, en este marco, la gestión del Gobierno en materia de salud. Eso sí, afirmó que el 2% de sus colegas no se vacunó y dijo que ellos podrán asistir a las sesiones del Legislativo por la vía virtual, sin perjuicio de que sean derivados a la Comisión de Ética, una entidad que, por cierto, aún no fue conformada. “Esperemos que la oposición se ponga de acuerdo con sus listas y podamos tener esta comisión”, remarcó.

El diputado Miguel Roca (CC) consideró que esa decisión “es un abuso de poder”, puesto que los legisladores deberían dar el ejemplo con sus actos. “Si existe un decreto para que todos puedan contar con el carné de vacunación, esa norma debe ser para todos”.

En una entrevista con la radio estatal Patria Nueva, el líder del MAS respaldó la iniciativa del Gobierno y animó a sus seguidores a vacunarse. Dejó deslizar la idea de dejar de lado la gestión política con la que cerró el 2021 para apoyar las acciones del Estado ante la emergencia sanitaria. 

“Ya no echemos la culpa ni a la dictadura ni la pandemia. Pasaron las elecciones. Respetando los resultados, trabajemos conjuntamente para levantar nuestra economía y de esta manera atender las demandas que tiene el pueblo. Ese es el mejor camino, pero la urgencia es atender la pandemia”, sugirió el exmandatario.

Justicia

Esta semana, el presidente Luis Arce ratificó la decisión de llevar adelante la cumbre de marzo para definir “con la participación de todos los sectores” una “ruta crítica” para reformar la justicia.

Frente a esta iniciativa, el ministro de Justicia, Iván Lima, elaboró una propuesta de reforma que incorpora la necesidad de una selección por méritos de jueces, así como la selección de los candidatos a los más altos cargos del Órgano Judicial, un procedimiento que se debe cumplir en la Asamblea Legislativa, según señala la Constitución Política.

 
“Estamos esperando que esta agenda pueda surgir del Órgano Ejecutivo, porque ha trabajado una propuesta de la reforma judicial. Seguramente se va a establecer una agenda para poderla encarar en los nueve departamentos o con las organizaciones que sumen. Necesitamos la participación de la mayoría de las organizaciones e instituciones”, afirmó Freddy Mamani. En 2021, el 90% de las leyes fueron propuestas por el Ejecutivo.