El gobernador de Tarija Oscar Montes dijo ayer que en los próximos días dará a conocer el informe detallado respecto al manejo financiero de la Gobernación y añadió que también rendirá un informe de los cuatro temas conflictivos que tuvo que afrontar en 2021 y que se presentan como un reto para 2022.

"Estamos preparando un informe detallado que les vamos a hacer conocer a ustedes, (…) en detalle de cuántos recursos hemos recibido desde el mes de mayo, qué nos ha tocado administrar la Gobernación hasta el 31 de diciembre", dijo.

Montes especificó que se conocerá en detalle cuánto se ha gastado en funcionamiento, en pagar deudas a los bancos, en cancelar a las proveedoras, en pagar los seguros, el funcionamiento de cada una de las subgobemaciones, las transferencias a las alcaldías, a las subgobemaciones, a los programas y proyectos concurrentes.

Sumado a ello reconoció que afrontó cuatro temas conflictivos que según señala son parte de la reestructuración financiera de su gestión, citó así a la relación con los campesinos y el Prosol; a la gente de la tercera edad y la canasta alimentaria; a los gobiernos municipales y al Gobierno Regional del Chaco.

Dijo además que ni bien se acabe el informe efectuará un proceso de evaluación interno, en razón de los datos, de las cifras y los informes, más aún aclaró que no habrá crisis de gabinete, “pero sí va habrá la necesidad de hacer algunos pequeños ajustes y es probable uno que otro movimiento muy pequeño de personal”, mencionó.

El último conflicto de 2021

Uno de los últimos conflictos que se vivió a finales de diciembre de 2021, se encontraba relacionado con la Ley 206 que fue abrogada por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) a pedido del Ejecutivo. La determinación desencadenó un bloqueo de caminos y huelga de hambre, impulsada por alcaldes del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes denunciaban que se atentaba contra la economía de los municipios.

Cerca de las fiestas de fin de año, los alcaldes con el Gobernador llegaron a un acuerdo para suspender las medidas de presión. Montes garantizó que se retomará la reunión con los burgomaestres el 10 de enero, como se había acordado en la reunión de diciembre. En ese sentido, la autoridad señaló que al no estar vigente la Ley 206, se elaborará una nueva normativa con nuevas condiciones donde no se incluyan los débitos automáticos.

A criterio del Gobernador, los débitos automáticos fueron mal usados, pues la cantidad de recursos económicos que se transfirió bajo ese mecanismo fue superior a lo que establecía la ley.

Ante esa situación, el Gobernador indicó que en esta gestión realizará un proceso de verificación que lleve a saber en qué gastaron los alcaldes ese dinero, destacó que si lo hicieron en temas no previstos dentro de los proyectos concurrentes, se trataría de una malversación de fondos, un delito penado por ley.