El presidente Luis Arce ha vuelto a poner en agenda el manido tema de la reforma judicial, luego de que su gobierno lanzara tres intentos fallidos durante 2021. En ocasión de celebrarse la inauguración del año judicial, el mandatario ha señalado que 2022 será el año de la transformación de la justicia. “Ratificamos en este acto nuestro compromiso de avanzar en el proceso de reforma judicial con la participación de todos los sectores, instituciones, autoridades, movimientos sociales, jueces, juristas, abogados y litigantes sin excepción”, dijo.

En paralelo, el ministro de Justicia, Iván Lima, quien justamente fue el protagonista de los intentos frustrados de reforma judicial el año pasado, anunció que próximamente llegará a Bolivia el relator de la ONU para la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, con lo que adelantó que se va a romper “ese falso discurso de que hay perseguidos políticos en nuestro país”.

El Gobierno sabe que está en la mira de diversos organismos internacionales que han observado la falta de independencia del Órgano Judicial de Bolivia y que han pedido su reforma para garantizar el debido proceso de los acusados, pero lo cierto es que el Ejecutivo no ha mostrado voluntad política para encarar una verdadera reforma porque, tal como está la justicia actualmente, es funcional a sus intereses.

El año pasado, en su intento más serio de encarar un cambio estructural, el ministro Lima ha convocado una comisión de notables, integrada, entre otros, por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, cuyas funciones, sin embargo, no han pasado de la primera reunión protocolar.

Luego presentó seis lineamientos para la reforma, la que sería puesta a consideración de los diferentes actores sociales para desembocar en una cumbre que apruebe los cambios más importantes.

Más allá de la metodología y de los actores que van a ser convocados para esta reforma, lo verdaderamente estructural es que el gobierno reconozca que no existe independencia judicial en Bolivia.

Arce, por ejemplo, considera que la retardación, la corrupción y la carga procesal son los principales problemas de la justicia y no reconoce que la falta de independencia de los jueces sea el asunto de fondo.

Mientras que Lima, antes de que García-Sayán se haya ocupado del tema o que haya confirmado su visita a Bolivia, ya ha sacado conclusiones a priori al indicar que con ese escrutinio internacional se va a descartar que en Bolivia existan perseguidos políticos.

Para encarar la urgente reforma judicial en Bolivia hace falta voluntad política del gobierno, lo que implica que el Ejecutivo se despoje del poder que ejerce sobre el Órgano Judicial para dar paso a la elección de operadores verdaderamente independientes y probos.