El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y los cívicos del país anunciaron que volverán a las calles para que se abrogue la ley 1405 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que según sus dirigentes coloca al gobierno como juez y parte en la realización Censo nacional de población que se realizará el 22 de noviembre de este año, lo que atentará contra su credibilidad.

El dirigente del Conade, Julio Alvarado considera que el gobierno pretende, a través de esa ley del INE, contar con el monopolio total de las estadísticas. “Esa es la metodología de estos regímenes totalitarios que utilizan la trampa de la estadística oficial para evitar fuentes independientes”, dijo.
Citó como ejemplo que las estadísticas oficiales de Cuba muestran altos índices en materia de salud, educación, PIB, que no reflejan la realidad “y la miseria en la que viven. Eso es lo que ha hecho el gobierno del MAS desde el Censo 2012, y ahora lo quiere repetir”.

El año pasado, la protesta cívica y ciudadana que tuvo como epicentro las ciudades de Santa Cruz y Potosí, consiguió la abrogación de la Ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Vamos a tener que volver a las calles, este gobierno no entiende razones si no ve protestas ciudadanas, no hay diálogo, argumentos, respaldos científicos que puedan hacer cambiar su posición, sólo la protesta, y eso es lo que haremos”, complementó.

Ayer se conoció oficialmente que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dio positivo a Covid-19. Este hecho y el aumento de los contagios en este departamento obligó a suspender el cabildo que estaba previsto para este mes.

Sin embargo, el abogado del Comité Cívico, Jorge Valda, confirmó que no se ha detenido la agenda cívica nacional que ayer sostuvo una reunión, vía zoom, en la que definió que la transparencia del censo será una de las luchas de este año. “Debe permitirse el control social activo, reconocido por la Constitución; además, la ley 247 establece la posibilidad de que la sociedad civil organizada pueda no solo participar, sino ser parte de la toma de determinaciones”.

La presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, señaló que “por supuesto que saldremos a las calles en contra de esta ley, porque atenta contra la realización de un censo transparente”, aseguró.

Según la dirigente cívica, “es la posibilidad de reconfigurar el poder en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como negociar nuestros recursos. Ustedes saben que los potosinos estamos muy comprometidos en esto, así que necesitamos que este proceso sea correcto y transparente”, complementó.

Tras el censo, Santa Cruz pasará a ser el primer departamento del país en población, según las previsiones, por su crecimiento en los últimos años. Este hecho llevará a una nueva conformación de espacios en la Cámara de Diputados. Además, los resultados de esta encuesta serán la base para discutir el pacto fiscal y la repartición de recursos departamentales.

El oficialismo aprobó el 1 de noviembre del año pasado la Ley 1405. El artículo 6 de la norma señala que el INE es la única instancia responsable de producir, normar y difundir estadísticas oficiales, “a través de registros administrativos, censos, encuestas, información geoestadística, información no estructurada, entre otras”.

Especifica que es “la única entidad a cargo de la realización de censos oficiales” en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y que “ejercerá su actividad de manera imparcial, con autonomía técnica, libre de cualquier tipo de presiones o injerencias, con el fin de proporcionar estadísticas oficiales”. El senador del MAS, Félix Ajpi, en contacto con este medio, garantizó que el resultado del censo será absolutamente transparente. “Lo que se ve se anota, así será”, aseguró.