La transformación de la justicia boliviana es uno de los retos para esta gestión en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, hay tres problemas que deben ser subsanados para lograr el objetivo de una justicia eficiente y transparente.

“La retardación de la justicia, la corrupción y la enorme carga procesal para atender a la población son los principales males de la justicia boliviana, agravados muchas veces por procedimientos que no son siempre simples ni entendibles por el ciudadano en su conjunto”, manifestó ayer el presidente Luis Arce en la inauguración del año judicial y constitucional 2022 en Sucre.

De acuerdo con el Jefe de Estado, el actual modelo de gestión judicial es obsoleto, discriminador, insensible y excluyente porque privilegia a pocos y desfavorece a muchos, por ello la necesidad de reformar la justicia boliviana.

Datos

En los dos últimos años, sólo el 46% de los procesos fueron resueltos, el 62% de los juzgados está concentrado en capitales de departamento y El Alto, el 38% de los juzgados está en las provincias y 175 municipios no cuentan con juzgados.

“Lo que dice que aproximadamente 1.300.000 compatriotas no tienen disponibilidad de acceso a la justicia en su territorio”, manifestó Arce.

Sólo el 49% de los jueces es de carrera, se prioriza lo administrativo antes que lo judicial.

Arce criticó también algunas leyes obsoletas que no acompañan las necesidades de una justicia pronta, como la Ley del Órgano Judicial, que establece vacación judicial de 25 días cuando existe una elevada mora procesal.

La retardación se manifiesta con más claridad en la administración penitenciaria, porque el 65% (más de 11 mil personas) está con detención preventiva.

Ante estos datos, Arce ratificó el compromiso de reforma de la justicia para lograr una más eficiente y transparente.

“El modelo de justicia se debe adaptar a las nuevas realidades de la sociedad, fortalecer la cultura de paz para lograr soluciones perdurables. Tenemos la misión ineludible de hacer realidad la demanda de memoria, verdad y justicia, especialmente para las víctimas de las masacres, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos constitucionales. Una justicia que permite la impunidad, atenta contra la paz social y el estado de derecho y su estabilidad”, manifestó.

Anunció para el mes de marzo la cumbre de justicia, en la que se presentarán y discutirán los resultados del trabajo preliminar hacia la ruta crítica para lograr el cambio estructural del sistema judicial.

Emprender el proceso de transformación

Luego de solicitar a las autoridades del Órgano Judicial emprender con determinación el proceso de transformación de la justicia, atendiendo la demanda de memoria y justicia de las víctimas de las masacres y graves violaciones de derechos humanos del gobierno de facto, el ministro de Justicia, Iván Lima, emplazó a “no tolerar nunca más ni el mínimo atisbo de corrupción”.

“Los cuatro órganos del Estado están presentes acá (con un) mensaje claro de independencia de la justicia. El desafío más importante es transformar nuestra justicia y definitivamente ese reto y ese compromiso que hemos asumido no puede quedar en deuda con el pueblo boliviano”, afirmó la autoridad.