El presidente Luis Arce marcó el rumbo de la reforma judicial del país y señaló que la retardación, la corrupción y la recarga procesal son los tres males que se deben resolver, por lo que denominó al 2022 como “el año de la transformación de la justicia”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, destacó el hecho de que en 2021 las salas especializadas registraran cero mora procesal, consideró que una asignación presupuestaria de menos del 0,50% del total del Presupuesto General del Estado (PGE) al Órgano Judicial es insuficiente y cuestionó el hecho de que desde 2018 no se puedan resolver las acefalías en las salas de vocales.

A su turno, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paul Franco, expresó su preocupación por el alto crecimiento de causas que de 4.000 en 2020 pasaron a 7.000 en 2021, por lo que consideró que la retardación de justicia no se debe tanto a la baja cantidad de jueces sino a la alto número de procesos.

Mientras, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la reforma judicial que encara el Gobierno está abierta al escrutinio internacional y por eso aceptó la presencia del Relator de las Naciones Unidades sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, comprometida para febrero en Bolivia.

PRESENTES

La mañana de ayer, lunes, en la Casa de la Libertad, se realizó el acto de inauguración del Año Judicial y Constitucional con la presencia del presidente Arce, el ministro Lima, los presidentes Torres, Franco y Nivardo Vásquez, del Tribunal Agroambiental.

También estuvieron presentes el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel; el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez; el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa; y el comandante general de la Policía, general Jhonny Aguilera.

MALES DE LA JUSTICIA

En su discurso, Arce dijo que “la realidad nos muestra que, entre otros, la retardación de justicia, la corrupción y la enorme carga procesal para atender a la población, son los principales males de la justicia en Bolivia”.

Por eso, señaló que en el ámbito de la reflexión esta situación determina una urgente tarea de transformar el sistema judicial que “es una asignatura pendiente en el proceso de construcción de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”.

“Las estadísticas confirman la existencia de problemas que se repiten cada año sin encontrar una posibilidad de solución. Este modelo de sistema judicial obsoleto es discriminador, insensible y excluyente, privilegia a unos pocos y perjudica a la mayoría del pueblo boliviano”, remarcó.

CUMBRE JUDICIAL

Recordó que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia y Transparencia desde 2021 trabaja en una propuesta de reforma judicial, con pleno respeto a los principios constitucionales, de independencia, coordinación y cooperación entre órganos de poder.

El mandatario dijo que este proceso incluye a operadores de justicia, universidades, colegio de abogados, organizaciones sociales y sociedad civil organizada. 

En esa línea, reafirmó que en marzo de este año se llevará adelante la Cumbre Nacional de Justicia. “Presentaremos y discutiremos con los diferentes sectores de nuestra sociedad los resultados del trabajo preliminar y definiremos la ruta crítica que determinará las acciones necesarias para lograr el cambio estructural del sistema judicial”, manifestó Arce.