Bolivia inauguró este lunes el año judicial 2022 con el objetivo de que sea la gestión en que se consolide la «transformación de la justicia» para superar males como la mora procesal o la corrupción y se den pasos hacia su independencia.

En el acto celebrado en la ciudad de Sucre, la capital del país, participaron el presidente Luis Arce, como cabeza del Ejecutivo nacional, y los principales representantes del Parlamento, Órgano Judicial además del Tribunal Supremo Electoral.

Durante su discurso, el mandatario hizo referencia a la necesidad de «evaluar objetivamente» la situación de la administración de justicia mediante una «radiografía objetiva y desapasionada» para hacer los cambios mediante una «reforma judicial».

«La realidad nos muestra que la retardación de justicia, la corrupción y la enorme carga procesal para atender a la población son los principales males de la justicia», remarcó.

Arce señaló que existen problemas «que se repiten cada año» debido a un «modelo de gestión judicial obsoleto que es discriminador, insensible y excluyente» que «beneficia a unos pocos».

El jefe de Estado detalló que en los dos últimos años solo se han resuelto el 46 % de las causas, que el 62 % de los juzgados están en las diez ciudades más grandes del país y que 175 municipios de más de 300 «no cuentan» con tribunales por lo que estimó que alrededor de 1,3 millones de personas «no tienen acceso a la justicia».

También identificó otros problemas como el hecho de que el 65 % de los privados de libertad, unas 11.000 personas, sean presos preventivos sin sentencia, que no existan sentencias en los casos de feminicidios e infanticidios y que hay «leyes obsoletas».

Reforma e independencia

Arce habló del «desafío de reformar la justicia y evitar que caiga en el abismo de la desconfianza y condena» de la población del país y que esta se desarrolle «con la participación de todos los sectores» con soluciones que se «adapten a las nuevas realidades».

Justamente mencionó que uno de los pasos más relevantes se producirá con la «cumbre de justicia», prevista para marzo, que tendrá la tarea de hallar consensos en torno al «trabajo preliminar» que se desarrolló con distintas instancias para luego fijar una «ruta crítica» para hacer las transformaciones necesarias.

El presidente señaló que los cambios a la justicia se efectuarán «con pleno respeto a los principios constitucionales» como la independencia judicial y la coordinación entre poderes.

Durante su intervención, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, dijo que también la independencia judicial pasa por el respeto que debe existir entre los órganos del Estado y por la «voluntad» de «actores» para evitar referirse a la labor que se desempeña en cada instancia.

Torres identificó la falta de una «carrera judicial», la inexistencia de un «régimen disciplinario», una inadecuada labor de la Escuela de Jueces, «acefalías» en puestos claves como elementos que tienen que corregirse además de la necesidad de un presupuesto «acorde a la realidad»

Torres advirtió que entre las propuestas de reforma judicial existen «propuestas extremas» y «netamente políticas» y que es necesario identificar aquellas que son «institucionales».

Además de esto, Arce se refirió a la «misión ineludible» de responder a la demanda de «memoria, verdad y justicia» por los hechos de la crisis política de 2019 en la que se produjeron al menos 38 fallecidos entre sectores afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y de oposición.

El mandatario dijo que «especialmente» esto pasa por «las víctimas de las masacres» de Sacaba y Senkata, donde murieron una veintena de civiles durante la Administración interina de la expresidenta Jeanine Áñez.

La reforma judicial es una recomendación que han planteado instancias como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indagó violaciones de derechos entre septiembre y diciembre de 2019.

La situación de administración de justicia y su reforma ha sido un reclamo de la oposición que ha considerado su uso como un mecanismo de persecución política para sacar del paso a líderes o exautoridades contrarios al Gobierno.