El presidente Luis Arce Catacora consideró este lunes que el sistema judicial tienen problemas críticos, entre ellos la otorgación de 25 días de vacación, cuando eso va en contrasentido con la mora procesal y la retardación de justicia, hecho que perjudica a la población.

El mandatario señaló que la Ley del Órgano Judicial es una de las normas que ya están obsoletas y que tienen que ser revisadas.

“Las acefalías y la insuficiente cantidad de jueces de carrera son problemas críticos del sistema judicial boliviano (…). Lamentablemente se prioriza lo administrativo por encima de la administración judicial, propiamente, pero también se observa leyes que han quedado obsoletas y no acompañan las necesidades de justicia pronta para el pueblo boliviano”, observó el jefe del Estado durante la inauguración del año judicial y constitucional 2022, que se realizó en Sucre.

“Por ejemplo, la Ley del Órgano Judicial que contradictoriamente a lo que acabamos de señalar, establece una vacación obligatoria de 25 días, cuando existe en nuestro sistema una elevada mora procesal. Tendríamos que revisar ésta y otras normas para dar mayor celeridad a toda la tramitología en nuestra justicia boliviana”, añadió.

La autoridad boliviana dijo que, a partir de una radiografía, sin que se quiera descalificar a nadie, la realidad refleja que la retardación de justicia, la corrupción y la enorme carga procesal para atender a la población son los principales “males” de la justicia en Bolivia.

A su juicio, la compleja situación se agrava muchas veces por procedimientos que no siempre son simples.

Para Arce, las estadísticas demuestran que estos problemas que se repiten cada año sin encontrar una posibilidad de solución en este modelo de gestión judicial que es obsoleto, discriminador, insensible y excluyente, privilegia a unos pocos y perjudica a la mayoría del pueblo boliviano.

“El cambio de la justicia nos apremia a todos y todas, en promedio, solo el 46% del total de todos estos procesos han sido resueltos en estos dos últimos años, el 62% de los juzgados se encuentran concentrados en ciudades capitales, mientras que el 38% de los juzgados están en las provincias. Un total de 175 municipios no cuentan con juzgados, los que implica que aproximadamente 1,3 millones de bolivianos no tienen la disponibilidad de acceso a la justicia”, apuntó.

Como ejemplo, mencionó que la retardación de justicia muestra sus efectos más “lacerantes” en el régimen penitenciario, donde aproximadamente el 65% de los privados de libertad, es decir, más de 11.000 personas, permanecen en esa condición de detención preventiva en las cárceles.

Asimismo, consideró que hay retardación de justicia en casos de feminicidios e infanticidios, lo que deriva en procesos sin sentencia ni sanciones. Pero no es todo, los que cometen este tipo de delitos son liberados por malos operadores de la justicia.

Citó que en 2020 al menos 113 mujeres fueron victimadas y 53 niños asesinados, cifras que han bajado en 2021 a 108 feminicidios y 46 infanticidios.

“Pero de éstos, ¿cuántos ya han recibido sentencia, cuántos fueron castigados?, es algo en lo que definitivamente se tiene que trabajar y no se quede en la impunidad”, demandó.