Luego de tres intentos fallidos, el presidente Luis Arce se comprometió ayer a hacer realidad la reforma judicial. Incluso expresó su deseo de que este 2022 sea el año “de la transformación de la justicia”.

Por otro lado, el Gobierno anunció que arribará al país en febrero el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados.

“Ratificamos en este acto nuestro compromiso de avanzar en el proceso de reforma judicial, con la participación de todos los sectores, instituciones, autoridades, movimientos sociales, jueces, juristas, abogados y litigantes sin excepción”, aseguró Arce en el acto de inauguración del año judicial, en Sucre.

El primer mandatario indicó que la realidad muestra que la retardación de justicia, la corrupción y la carga procesal son los principales males del sistema judicial en Bolivia.

No obstante, el compromiso de Arce respecto a la reforma judicial está precedido por al menos tres intentos fallidos.  El primer intento data del 3 de diciembre de 2020, cuando el ministro de Justicia Iván Lima impulsó la conformación de una comisión de juristas notables para llevar adelante el proceso.

No obstante, luego de naufragar esa iniciativa, Justicia anunció el 5 de febrero de 2021, la recomposición de dicha comisión, en busca de garantizar que el equipo cuente con 50% de integrantes mujeres.  Esa idea tampoco prosperó y a fines de ese mes, Lima indicó que se avanzaría en la reforma con el proceso de “propuesta, debate, modificación y aprobación de leyes”.

Seis meses después, el 1 septiembre de 2021, Lima presentó un plan de seis ejes con los que planteó realizar la reforma.

Según Arce, a través del ministerio de Justicia, el Gobierno trabaja, desde la gestión 2021, en la construcción de una propuesta de reforma judicial “con pleno respeto a los principios constitucionales de independencia, coordinación y cooperación entre órganos de poder”.  La autoridad confirmó la cumbre de marzo próximo.

“Este es el compromiso que tenemos: hacer realidad una reforma judicial que deje de ser un discurso y se convierta en hechos concretos”, aseguró antes de señalar su anhelo de que “que el 2022 sea el año de la transformación de la justicia”.

Juan del Granado, uno de los juristas independientes que planteó una propuesta de reforma, se refirió al discurso de Arce como “retórica” y aseguró que el mandatario perdió la oportunidad para plantearle al país los elementos centrales de lo que debe ser un diseño estatal de la reforma de la justicia.

Entre las observaciones de Del Granado al discurso de Arce está la que realizó a la “radiografía objetiva” que mencionó el jefe de Estado al indicar que la retardación, la corrupción y la carga procesal son los principales males de la justicia. 

“Esta no es ninguna radiografía objetiva. La retardación, la corrupción y la carga procesal excesiva sí son problemas muy graves y serios, pero que se originan en causas mucho más profundas que no las ha señalado el presidente Arce”, indicó Del Granado. 

El jurista expresó que Arce no dijo nada sobre la carencia de independencia de los operadores de justicia ni nada sobre la falta de idoneidad de los jueces, que es el problema estructural de la justicia. “Por tanto está claro que el presidente Arce está muy lejos de apuntar a las causas profundas”, aseguró.  

Del Granado indicó que Arce no lo dijo expresamente, pero sí lo dejó entender implícitamente que la cumbre de justicia tratará sobre la temática que planteó Lima en septiembre de 2021.

“El ministro Lima planteó en septiembre de 2021 seis supuestos ejes que no tocan para nada la problemática de fondo de la justicia”, indicó, después de sostener: “Si vamos a dejar en manos del ministerio de Justicia y una cumbre judicial todas las posibilidades de la reforma, realmente estamos a la deriva y sin rumbo y el panorama es muy sombrío hacia adelante”.

La pasada jornada, el ministro Lima anunció la visita, en febrero, de Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.