La Justicia en Bolivia está frente a tres retos que pasan por una reforma judicial en esta gestión; recuperar la independencia de este órgano del Estado y “memoria, verdad y justicia” para las víctimas de los conflictos postelectorales de 2019.

Así se hizo conocer en el acto de inauguración del año judicial y constitucional 2022, en Sucre, en el que también el Gobierno hizo referencia a tres males mientras que los administradores de justicia enumeraron cinco fallas.

El objetivo es que en esta gestión se consolide la "transformación de la justicia" para superar males como la retardación de justicia, corrupción y carga procesal y de esta manera lograr su independencia.

La reforma judicial es una recomendación de diferentes instancias, entre ellas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indagó violaciones de derechos entre septiembre y diciembre de 2019.

UNA EVALUACIÓN

Durante su discurso, el presidente Luis Arce hizo referencia a la necesidad de "evaluar objetivamente" la situación de la administración de justicia mediante una "radiografía objetiva y desapasionada" para hacer los cambios mediante una "reforma judicial" y evitar que caiga en el “abismo de la desconfianza y condena". 

Señaló que existen problemas "que se repiten cada año" debido a un "modelo de gestión judicial obsoleto que es discriminador, insensible y excluyente" que "beneficia a unos pocos".

Además de esto, Arce se refirió a la "misión ineludible" de responder a la demanda de "memoria, verdad y justicia" por los hechos de la crisis política de 2019 en la que se produjeron al menos 38 fallecidos entre sectores afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y de oposición. Dijo que "especialmente" es por las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez. 

Por otro lado, cuestionó la ley del Órgano Judicial y la vacación obligatoria de 25 días mientras el país atraviesa una “elevada mora procesal” en los trámites de los litigantes.

El jefe de Estado detalló que en los dos últimos años solo se han resuelto el 46% de las causas; que el 62% de los juzgados están en las diez ciudades más grandes del país; y que 175 municipios de más de 300 "no cuentan" con tribunales por lo que estimó que alrededor de 1.3 millones de personas "no tienen acceso a la justicia". También identificó otros problemas como el hecho de que el 65% de los privados de libertad, unas 11.000 personas, sean presos preventivos sin sentencia, que no existan sentencias en los casos de feminicidios e infanticidios y que hay "leyes obsoletas".

UNA CRÍTICA

Durante su intervención, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, dijo que también la independencia judicial pasa por el respeto que debe existir entre los órganos del Estado y por la "voluntad" de "actores" para evitar referirse a la labor que se desempeña en cada instancia.

Torres identificó la falta de una carrera judicial; la inexistencia de un régimen disciplinario, una inadecuada labor de la Escuela de Jueces, acefalías en puestos claves como elementos que tienen que corregirse además de la necesidad de un presupuesto acorde a la realidad.

Advirtió que entre las propuestas de reforma judicial existen "propuestas extremas" y "netamente políticas" y que es necesario identificar aquellas que son "institucionales".

INDEPENDENCIA

Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, llegará la segunda semana de febrero a Bolivia, afirmó ayer el ministro de Justicia, Iván Lima.

Destacó que “pocos estados” admiten estas visitas para “evaluar la independencia de la justicia, cómo estamos mejorando y transformando la justicia de manera respetuosa de los órganos”. Agregó que por mandato de Luis Arce se encara la reforma con la “mayor apertura al escrutinio internacional”.

Pidió tambièn a las autoridades del Órgano Judicial “no tolerar nunca ni el más mínimo atisbo de corrupción” y emprender con determinación la transformación, atendiendo la demanda de las víctimas de 2019 que es un compromiso que se debe honrar por los derechos humanos.