La aplicación del Censo de Población y Vivienda 2022 es una de las expectativas para este año y será uno de los desafíos más importantes que debe asumir el gobierno de Luis Arce Catacora, coincidieron el oficialismo y la oposición. Pero, CC y Creemos desconfían del procedimiento en los levantamientos de datos porque consideran que el MAS será juez y parte en el proceso.

La proyección del nuevo año coloca también otros retos para el Ejecutivo, como enfrentar la pandemia, el retorno a clases presenciales o iniciar desafíos pendientes como la reforma a la justicia y definir su modelo de desarrollo.

El senador Félix Ajpi, del MAS, declaró que para el oficialismo la convocatoria al Censo es una prioridad. “Es un hecho que será el 22 de noviembre de este año. Marcará distintas configuraciones sociales, sobre todo en el Legislativo porque definirá quiénes ganan y quiénes pierden escaños. Servirá para replantear el número de curules por departamento”, aseguró.

El parlamentario aseguró que eso traerá debate y discusión “porque también nos dará la llave para definir el futuro económico de cada región del país, porque en base a los datos que salgan del Censo podremos reacomodar la asignación de recursos económicos”, manifestó.

Aclaró que el MAS aceptará los resultados. “Nadie podrá resentirse. Veremos cuáles fueron las razones para que algunos departamentos hubieran perdido población y cuáles aumentaron. Eso nos ayudará a manejar la economía. En función a eso, los gobiernos departamentales y municipales organizarán su plan económico”, insistió.

Por su lado, el senador Rodrigo Paz, de la opositora CC, señaló que esto genera alarma sobre la ley 1405 del Instituto Nacional de Estadística (INE), bajo el concepto de “estadística oficial. Iremos a un censo controlado porque toda la información pública y privada, según esta norma, será controlada por el Gobierno”.

Eso significa que el INE elabora el censo, genera la información a través del acto del 22 de noviembre y emitirá los resultados de cada uno de los departamentos.

“El Gobierno será juez y parte, e iremos a negociar los curules en la Asamblea, como el Pacto Fiscal con información que será la ‘estadística oficial’, así que generará un vacío de veracidad y de credibilidad”, dijo Paz. La senadora Centa Rek, Creemos, también duda de que se aplique un censo creíble.

Proyección para 2022

En otros ámbitos, el senador Ajpi destacó que el Gobierno ha avanzado con la dotación de vacunas, y que este año se llevará adelante, si es que la pandemia lo permite, el retorno paulatino a las clases presenciales.

Para Centa Rek, el desafío consiste en “abandonar la persecución política, abordar los temas estructurales, ocuparse de la economía y cambiar el modelo comunitario, de endeudamiento”.

Rodrigo Paz dijo que en lo económico el desafío del presidente es definir si Bolivia seguirá con un modelo de “capitalismo estatista o capitalismo popular. Es decir, dejar ser la locomotora de empresas deficitarias e inyectar ese dinero al sector informal, gremiales, comerciantes”.