El inicio del año judicial y constitucional 2022, que tuvo lugar en la Casa de la Libertad de Sucre, estuvo marcado por promesas de una “profunda” reforma en ese órgano del Estado. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, pidió más recursos y respeto a la independencia de poderes. El presidente Luis Arce calificó el sistema de “obsoleto”.

“La independencia judicial y la independencia de los poderes pasa por respetar a los órganos del Estado”, afirmó Torres y aclaró que esta premisa debe implicar “coordinación y cooperación” entre los órganos. “Por eso, nunca escucharán a los magistrados referirse al Órgano Electoral, al Ejecutivo, o la Asamblea Legislativa. Esto también pasa por la voluntad de los propios órganos y sus actores para respetar la independencia judicial”, afirmó la autoridad.

Torres planteó esta reflexión para debatirla en la cumbre judicial convocada para marzo. El magistrado también reclamó por la ausencia de una “carrera judicial” que “garantice la probidad, meritocracia, idoneidad, pero también inclusión de pueblos indígenas”.

Señaló que la independencia también tiene que ver con el presupuesto asignado y el actual es “insostenible” para superar problemas como la mora procesal y la retardación de justicia. De hecho, informó que tras la vacación colectiva de su entidad, se deben mover unas 600.000 causas. “Es insostenible que el Órgano Judicial continúe con un promedio de 0,48% del presupuesto general del Estado. Entendemos que hay varias propuestas hasta del 5%, pero la aceptable es del 3%. Este tema se discutirá en la cumbre”, declaró.

El presupuesto judicial de 2022 es de Bs 2.188 millones. Según un reporte del Ministerio de Economía, se incrementó en 4,7% respecto a 2021. Ese año, apenas se ejecutó el 40% de su asignación.

Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que investigó violaciones de derechos humanos en la crisis de 2019, halló problemas serios. “La evaluación de los expedientes y de los procesos judiciales demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial”, señala el reporte, que además apunta que las falencia se registraron desde antes de esa crisis política.

Ante este escenario, Arce ratificó la decisión de llevar adelante la cumbre de marzo para definir “con la participación de todos los sectores” una “ruta crítica” para reformar el sistema. “El modelo de gestión judicial obsoleto es discriminador, insensible y excluyente; privilegia a pocos y perjudica a la mayoría”, remarcó.

De este modo, el presidente sugirió revisar la norma que otorga 25 días de receso anual a los administradores de justicia. “Se prioriza lo administrativo por encima de la administración de justicia”.

“En promedio, solo el 46% del total de procesos fue resuelto en los dos últimos años, el 62% de los juzgados está en las capitales y El Alto, el restante 38% en provincias, un total de 175 municipios no tiene juzgados, lo que implica que 1.300.000 bolivianos no tienen acceso a la justicia en su jurisdicción”, reprochó.

“Tenemos el deber patriótico e histórico de atender la necesidad de diseñar un modelo de justicia que se adapte a las nuevas realidades de la sociedad”, dijo Arce.

Poco antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la visita de Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, para la segunda semana de febrero. “Creemos en la independencia judicial, la vivimos y vamos a hacer que la respeten”, indicó Lima y destacó que “pocos Estados” admiten esas visitas para “evaluar la independencia de la justicia y cómo estamos mejorando y transformando la justicia de manera respetuosa”.

Lima agregó que se encara la reforma de la justicia con la “mayor apertura al escrutinio internacional”, aunque destacó la propuesta de seis ejes que hizo en 2021.

Pero, no es la única propuesta. Torres reveló que el Órgano Judicial tiene un plan que incluye cambios en la Ley 025 y el exalcalde de La Paz Juan Del Granado, que forma parte de un colectivo de abogados, ratificó la propuesta de pedir el ajuste de la Constitución para anular la elección de magistrados por el voto.