El Estado Plurinacional aportó multitud de noticias al año que se va. La oposición intentó con fuerza —sin resultados— volver a tomar la presidencia de forma ilegítima. Pero el presidente Arce cuenta con el apoyo de la población que desea avanzar en la recuperación económica, pasado lo peor de la pandemia.

Bolivia vivió un 2021 inolvidable, en el cual cumplió un año de recuperación de la democracia, luego del golpe de Estado de 2019 y de padecer al gobierno de facto en 2020. Contra lo que se podía esperar, en este año el presidente, Luis Arce, tuvo que enfrentar nuevas acciones golpistas de la oposición.

Tuvo que realizarse una multitudinaria Marcha por la Patria para defender la democracia. Y tuvo que saltar el escándalo por los 800 ítems fantasma en Santa Cruz para que la oposición se dedicara a defender a sus líderes antes que atacar al Gobierno democrático.

2021 estuvo marcado por la llegada de las vacunas anti-COVID-19, por la inoculación masiva, la cual aún continúa, alentada por la llegada de la cuarta ola de contagios, que afecta fundamentalmente a quienes se resistieron a vacunarse.

Enero: llegan las primeras Sputnik-V a Bolivia

El año comenzó con el desvelo de la población boliviana por conseguir vacunas que ayuden a enfrentar la pandemia de COVID-19. En enero llegó el primer lote de 20.000 dosis al aeropuerto internacional de El Alto, que fue recibido por el presidente Luis Arce.

"Nosotros no hablamos. Somos un Gobierno que muestra resultados. Incluso en el corto plazo, porque no hace ni tres meses que estamos en el Gobierno y tenemos pruebas [de detección de COVID-19], tenemos vacunas para el pueblo boliviano. Ese es el Gobierno nacional y ese es el trabajo que hacemos con la mayor responsabilidad y cariño al pueblo boliviano", dijo el presidente sobre la pista de aterrizaje.

En las siguientes semanas, llegaron decenas de aviones procedentes de todo el mundo, que trajeron vacunas Sinopharm (de China), AstraZeneca —mediante el mecanismo COVAX—, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, de Estados Unidos.

Hasta este momento, el Estado Plurinacional dispone de más de 22 millones de dosis, suficientes para su población de 11,5 millones de personas.

Febrero: la oposición da signos de vida

Con las elecciones presidenciales de octubre de 2020, Bolivia recuperó la democracia y el Movimiento Al Socialismo (MAS) volvió al poder. La oposición que había propiciado el golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019) se llamó a silencio por algunos meses.

Pero en febrero se reinició la articulación de las fuerzas opositoras. El Colegio Médico de Bolivia, una de las instituciones reacias a los gobiernos del MAS, convocó a paros en plena pandemia de COVID-19, como forma de protesta contra normativas debatidas en el Parlamento, las cuales vulnerarían derechos laborales de las y los galenos.

En el mismo mes la oposición definió sus candidaturas para las elecciones subnacionales de marzo de 2021, las cuales marcarían el reciclaje "democrático" de varios acusados de haber participado en el golpe de 2019, como el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Marzo: la oposición recupera territorio

Los familiares de los 38 asesinados en el marco del golpe de Estado reclamaban justicia. Señalaban a varios políticos vinculados a la ruptura del orden constitucional, que obtuvieron el apoyo de partidos políticos para candidatearse en sus municipios y gobernaciones.

Camacho —quien como presidente del Comité Pro Santa Cruz apuntaló el derrocamiento de Morales— ganó la Gobernación de Santa Cruz, el departamento más grande del país en territorio, población y desarrollo económico.

La expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) se postuló como gobernadora de su departamento natal, Beni, en la Amazonía boliviana. Pero obtuvo un porcentaje ínfimo de votación, lo cual redundó en su posterior detención por los crímenes cometidos en el marco del golpe.

Áñez sigue presa desde entonces. Camacho, por su parte, está libre, lidera una población típicamente reacia a los gobiernos del MAS y dispone de los medios de comunicación privados para amenazar al presidente Arce con un nuevo golpe.

Abril: un nuevo panorama para Sudamérica

La política interna de Bolivia depara giros inesperados, como los puestos de poder que ganaron quienes estuvieron involucrados en el golpe. El MAS negocia con este sector a su manera: avanzando y cediendo. Esta actitud le valió críticas de los familiares de las víctimas de las masacres de 2019, quienes constituyeron asociaciones para elevar su reclamo ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Paralelamente, en Sudamérica los partidos progresistas y de izquierda comenzaron a recuperar el terreno perdido una década atrás. De esta manera, en las elecciones de abril ganó en Perú el candidato a la presidencia Pedro Castillo, un profesor de áreas rurales, quien tiene decenas de puntos en común con el expresidente Morales.

Con Alberto Fernández en Argentina, Arce en Bolivia y Castillo en Perú se podría volver a hablar de un bloque político regional, como el que en 2008 había logrado construir la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas).

En los últimos meses de 2021 se sumaría al incipiente trío el chileno Gabriel Boric. Y queda la esperanza de que en 2022 el expresidente Luis Inácio Lula Da Silva (2003-2010) vuelva al poder en Brasil.

Mayo: el camino hacia la justicia

La oposición boliviana quedó boquiabierta con la detención del exministro de facto Arturo Murillo. Desde la captura de Áñez no cesaban de denunciar una supuesta persecución política hacia quienes apoyaron al golpe de 2019.

Pero Murillo —ministro de Gobierno durante la presidencia de Áñez— fue detenido en Florida, Estados Unidos, por vulnerar las leyes de aquel país. Se lo acusa de haber participado de sobornos y lavado de dinero durante la compra de equipos represivos para la Policía Nacional, que se iban a utilizar para sofocar las protestas por el retorno de la democracia.

Este 2021 concluye con 91 personas procesadas y detenidas por su participación en los crímenes del golpe, así como el encumbramiento del Gobierno ilegítimo de Áñez.

El último detenido, en diciembre de este año, fue Marco Antonio Pumari, presidente cívico de Potosí durante el golpe de 2019. Incluso fue aliado político de Camacho para las elecciones presidenciales de 2020, pero no gozó del apoyo popular del excívico cruceño. Por ello no pudo mantenerse alejado de la cárcel.

Junio: recuperación de la economía

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que hasta este mes las exportaciones de Bolivia habían aumentado un 51,2%, fundamentalmente impulsadas por el comercio de oro y productos oleaginosos. Marcelo Olguín Ribera, gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), dijo a Sputnik que esta cifra era "positiva" y se mostró esperanzado en que el crecimiento se pueda mantener en el tiempo.

Explicó que "en 2020, la minería por ejemplo sufrió una caída del 45%. Pero a mayo de 2021, este sector se ha recuperado en un 125%. Es una buena cifra, que viene acompañada de un incremento importante de los precios internacionales".

Para el gerente general de la CANEB, similar situación sucede en el caso de las oleaginosas: "Si bien el año pasado no tuvimos una caída tan importante en este sector, en 2021 sí hemos tenido una recuperación, pero también viene de la mano de un incremento de los precios internacionales".

El favorable contexto internacional, sumado a las medidas económicas internas asumidas por Arce, permitió a Bolivia concluir el año con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5%, uno de los mayores de Sudamérica.

Julio: feminicidios que no cesan

Bolivia tiene un triste récord: ocupa el primer lugar en feminicidios en América del Sur. Hasta la primera mitad de 2021 habían sido asesinadas 67 mujeres, lo cual representa a dos crímenes por cada 100.000 habitantes. Hasta el 21 de diciembre pasado se registraron 107 feminicidios en el Estado Plurinacional.

El presidente Luis Arce se comprometió a atender esta grave situación. Desde entonces, se consulta a organizaciones para modificar la "ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia", la Ley 348, que no estaría funcionando como se esperaba, ya que en muchos casos los feminicidas obtienen la prisión domiciliaria, la cual aprovechan para huir de la justicia.

Frente a este contexto, el movimiento feminista Mujeres Creando realiza el proyecto "Mujeres en Busca de Justicia", ideado "para responder a tantas denuncias de mujeres maltratadas, asesinadas, violadas. Atendemos gratuitamente los casos de mujeres en situación de violencia y de familias de mujeres que han sido asesinadas por sus esposos o sus parejas", dijo a Sputnik Heydi Gil, abogada de esta organización.

En 10 años, Mujeres Creando brindó atención a 2.500 víctimas de violencia. "La forma de atención que tenemos es muy particular. Es distinta a lo que se hace en la función pública, donde se trabaja de forma paternalista y revictimizante", contó Gil. "Nuestro método de atención es muy distinto, porque parte de una visión netamente feminista".

Agosto: presentación del informe final del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas en el marco del golpe de 2019, que terminó con la vida de 38 personas en protestas en defensa de la democracia.

El GIEI fue creado por el Gobierno boliviano —cuando Áñez era presidenta— y la CIDH, a finales de 2019. A mediados de este 2021, el grupo socializó los resultados en varias ciudades del país, sobre todo donde habían ocurrido las masacres.

Uno de estos barrios fue Senkata, en la ciudad de El Alto. Frente a la planta de combustibles de esta zona, militares habrían ejecutado a 10 personas, según el informe.

Patricia Tappatá, integrante del GIEI, dijo en la presentación: "Están puestas en el informe las falencias, las ausencias, todo lo que falta para conseguir condiciones dignas de acceso a la justicia. Señalamos con claridad las deficiencias y abusos en el funcionamiento de las fuerzas policiales y las acciones de las Fuerzas Armadas en general".

El Gobierno de Arce se comprometió a llevar justicia a las familias. Pero las víctimas consideraron que no hizo lo suficiente, por ello realizaron varias protestas, incluida una marcha a la ciudad de La Paz.

Septiembre: la defunción del lago Poopó

Se secó definitivamente el lago Poopó, que supo ser el más grande de Bolivia, solamente superado por el Titicaca. Este desastre para el medio ambiente implica la afectación de decenas de especies de aves, animales y plantas, que desaparecieron de esta región del departamento de Oruro para dar espacio a un nuevo desierto salitroso en los Andes.

Además, significa una seria amenaza para la supervivencia del pueblo indígena Uru, que desde hace más de 1.000 años vive en esta zona. Su existencia cultural está profundamente ligada al agua lacustre y a las especies que formaban parte de este vecindario de vida.

El cambio climático y la explotación minera en los Andes fueron actores principales en la desaparición de este lago, que llegó a ocupar 4.000 kilómetros cuadrados. El aumento de la temperatura global y el descenso en el régimen de lluvias decretaron en los últimos años la desaparición de decenas de glaciares tropicales, lagos y cumbres nevadas de esta cadena montañosa, que recorre toda Sudamérica.

Sin el lago que les daba alimento, las familias del pueblo Uru que se dedicaban a la caza y a la pesca actualmente intentan sobrevivir haciendo artesanías con las pocas plantas que quedaron alrededor. También ofrecen novedosos paseos turísticos, como la visita al cementerio de botes que quedaron secándose al sol.

Octubre: se comienza a gestar un nuevo golpe

El 24 de septiembre es el día de Santa Cruz de la Sierra. En esa fecha, en la plaza homónima, el gobernador Camacho dio un discurso en el cual dejó de lado todo protocolo. Allí estaba presente el vicepresidente, David Choquehuanca, quien ocupaba la presidencia porque Arce estaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos.

Camacho no le permitió tomar la palabra a la máxima autoridad, además avaló que fuera agraviada la wiphala, una bandera reconocida por la Constitución que representa a los pueblos indígenas.

El expresidente Morales convocó a un desagravio a la wiphala, que se realizó en la ciudad de Cochabamba y contó con la participación del presidente Arce.

"Los más humildes, los más explotados, los discriminados nos identificamos con la wiphala, porque refleja lo que siempre hemos querido tener: un gran país, una gran nación, un gran continente para todos nosotros, hermanas y hermanos", dijo Arce a la multitud allí reunida.

Tal muestra de fuerza en las calles no fue suficiente: la oposición continuó con su intento de concretar un nuevo golpe en Bolivia.

Noviembre: un nuevo golpe sofocado

Octubre y noviembre fueron meses difíciles para el Estado Plurinacional. Pese a que todos los indicadores macroeconómicos muestran a una Bolivia pujante, pasada la peor parte de la pandemia de COVID-19, la oposición no se detuvo en su intento de derrocar nuevamente a Arce. O, al menos, debilitarlo lo suficiente como para darle el golpe de gracia más adelante.

Los comités cívicos de todo el país se levantaron contra el Gobierno en reclamo de la derogación de la ley 1386, una normativa reclamada por las Naciones Unidas, con la cual se procuraría dar cierta institucionalidad a las débiles fronteras bolivianas, por donde entra y sale lo que desean algunos grupos organizados de contrabandistas: personas, autos, drogas, productos alimenticios.

La oposición en el Parlamento soliviantó a las organizaciones de pequeños comerciantes, muchas de las cuales creyeron que el Gobierno metería presos a quienes no pudieran justificar la procedencia de los productos en sus tiendas. En vano los funcionarios de Arce se reunieron con los gremiales para explicarles la verdad.

La contundencia del paro en Santa Cruz y Potosí —departamentos con comités cívicos más recalcitrantes— llevó a Arce a derogar la ley 1386, con la finalidad de desactivar lo que denunció como un nuevo golpe en marcha.

Entonces, el MAS sacó a todas sus fuerzas a la carretera. Miles de personas marcharon durante una semana, por 200 kilómetros, entre la población de Caracollo, en Oruro, y la plaza San Francisco de la ciudad de La Paz.

El 29 de noviembre llegaron más de un millón de personas —según cálculos del Gobierno— en defensa de la democracia y del Gobierno de Arce, que asumió con el apoyo del 55,1% del electorado.

Diciembre: los fantasmas de la oposición

El año acaba con un nuevo escándalo que afecta a la oposición, lo cual contribuye a que dejen de pensar por algunos meses en dar un nuevo golpe de Estado. En la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz se descubrió la existencia de al menos 800 ítems fantasma. Es decir, esa cifra de puestos laborales desempeñados por nadie, pero cuyos salarios alguien cobraba.

El escándalo incluye a aliados políticos de Camacho, como la exalcaldesa Angélica Sosa, quien está detenida.

La Fiscalía anunció que continuará con las investigaciones pasada la fiesta de Año Nuevo. El principal responsable, Antonio Parada, ya huyó del país.