El presidente Luis Arce acuñó la frase “gobierno de facto” durante su discurso de posesión, el 8 de noviembre de 2019. Antes de eso, no solo no había verbalizado esa idea, sino que había dicho que Jeanine Añez fue “una presidenta transitoria, transitoria constitucional”.

El discurso de posesión del mandatario marcó la línea revanchista y confrontacional que tomaría su gobierno. Apenas unos meses después, en marzo de 2020, Añez era detenida en Trinidad en un operativo dirigido personalmente por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y por el comandante de la Policía, Johnny Aguilera. No hubo citaciones previas como manda la ley, por lo que Añez fue aprehendida sin saber que tenía un proceso en su contra. Con el mismo factor sorpresa fueron detenidos sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.

Contrariamente a lo que se podía pensar, Añez no fue detenida por los hechos de Sacaba y Senkata, donde murieron 20 personas en un operativo militar y policial. No, Añez estaba siendo capturada por un supuesto golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019, cuando Evo Morales y toda la cadena sucesoria del MAS renunciaron presionados por una fuerte protesta social que se prolongó por 21 días y que derivó en un motín policial y una sugerencia de las FFAA para que Morales dejara el cargo, cuando él ya había tomado esa decisión, según el testimonio del propio expresidente, contenido en su libro de memorias Volveremos y seremos millones.

Aunque todos los que participaron del movimiento popular de 2019 saben que en Bolivia no hubo un golpe, sino una sucesión forzada por las circunstancias, un año después, el 27 de noviembre de 2020, la exdiputada del MAS Lidia Patty presentó demanda por el supuesto golpe en contra de Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, y los excomandantes de las FFAA y la Policía.

Entre los denunciados no estaba Añez, tampoco sus ministros. La acusación se amplió en contra de ellos en marzo de 2021, apenas unas horas antes del operativo de detención. Solo entonces, el gobierno tomó las riendas de ese y otros casos para sancionar y castigar a todos aquellos que apoyaron, promovieron o fueron parte del gobierno de Añez.

Exministros, exautoridades, exjefes militares, exjefes policiales, activistas, cívicos, y opositores figuran entre los detenidos, acusados, prófugos o simplemente llamados a declarar. Unas 90 personas están acusadas en diversos casos que tienen que ver con el levantamiento popular de 2019 y la instauración el gobierno transitorio (ver parte de la lista adjunta).

Y, por si la lista quedara corta, voceros del gobierno también acusan de golpistas a los jerarcas de la Iglesia Católica, a los exembajadores de la Unión Europea, de Brasil, de Gran Bretaña, de Argentina, de Ecuador, entre otros. En este grupo se encuentran quienes promovieron la pacificación del país y la instalación de un gobierno transitorio enmarcado en la Constitución para poner fin al desgobierno, el caos, la violencia y el descontrol que reinaba en las calles en las 48 horas que sucedieron a la renuncia de Evo Morales. Los ministros de Justicia, Iván Lima; de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el procurador Wilfredo Chávez se convirtieron en los principales inquisidores de los opositores.

La justicia tomó la forma de una veleta porque estando Evo Morales en el poder sirvió a sus intereses al punto de habilitarlo como candidato de por vida violando la Constitución. Durante el gobierno de Añez se doblegó ante el poder del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien, esposas en mano, amenazaba a los masistas con cazarlos y meterlos a la cárcel. Muchos de ellos tuvieron que asilarse en el extranjero, otros, permanecer como refugiados en la embajada mexicana y no faltaron los que entraron a la cárcel. Con el regreso del MAS al poder, la justicia dio otro viraje para servir esta vez al gobierno de Luis Arce y para ejecutar la venganza del expresidente Evo Morales.

La principal presa del gobierno es Añez, a quien la justicia le dictó seis meses de detención preventiva, los que se cumplieron el 13 de septiembre pasado. Pero para mantenerla en la cárcel lo que hizo el MAS fue desdoblar el caso golpe, de tal manera que también está acusada en el caso golpe II por haber asumido la presidencia del Senado en ausencia del oficialismo. Entonces, por el primer caso tiene seis meses de detención y por el segundo, otros seis meses.

Con esta estrategia es probable que Añez no salga de la prisión hasta que cumpla la condena que le dictará la justicia ordinaria o hasta que haya un cambio de gobierno en Bolivia.

Añez también está acusada en cuatro juicios de responsabilidades que, sin embargo, no fueron tratados en la Asamblea porque el MAS no tiene los dos tercios de votos necesarios para ese fin. Precisamente por eso, el ministro Lima admitió que se le tuvo que armar un caso en la justicia ordinaria. La consecuencia directa es que las víctimas de Sacaba y Senkata no pueden tener la justicia que tanto reclaman, pues Añez debería ser procesada por esas acciones como expresidenta en un juicio político.

Añez ha sufrido durante este año constantes crisis de salud, la más grave ocurrida en agosto, cuando trató de suicidarse, provocando la alarma y la solidaridad nacional e internacional. Al menos una decena de pedidos de cesación de la detención preventiva han sido negados, así como otros requerimientos menores, como ser atendida en hospitales privados o tener acceso a algunos beneficios en la cárcel. Todas las respuestas de la justicia para Añez son No.

En paralelo, la justicia ha ido liberando a todos los militantes del MAS que estaban presos o acusados por diversos delitos, entre ellos también terrorismo, sedición y conspiración, igual que Añez ahora. También han sido sobreseídos los exvocales electorales que fueron acusados de fraude electoral, luego de que la Fiscalía diera por válido un estudio de un equipo de la Universidad de Salamanca que, si bien encontró las mismas irregularidades que la auditoría de la OEA, llegó a la conclusión de que no hubo fraude.

Los organismos internacionales han hecho constantes llamados a respetar el debido proceso, a garantizar la independencia judicial y a reformar la justicia boliviana, pero éstos no han sido oídos. El Gobierno ha suspendido la inicial reforma estructural que se había propuesto cambiando la forma de selección de los altos magistrados, para dar paso a anuncios que no tocan el fondo de la crisis.

Esta estrategia jurídica en contra de los rivales políticos ha contribuido a exacerbar los ánimos entre oficialistas y opositores, de tal manera que la polarización ha vuelto a instalarse en las calles y en la Asamblea Legislativa. Arce ya tuvo que enfrentar dos paros de diversos sectores sociales que le hicieron retroceder en un proyecto de ley y en una ley vigente contra la legitimación de ganancias ilícitas.

El MAS ha respondido a estas protestas con grupos de choque, con una fuerte acción policial y con dos grandes demostraciones de fuerza: el wiphalazo y la denominada marcha por la patria, que fue encabezada por Evo Morales y que terminó con amenazas contra las empresas cruceñas.

La Asamblea Legislativa, fiel reflejo de esta polarización, se convirtió en un cuadrilátero en el que pelearon oficialistas y opositores y, a fuerza de gritos, impidieron que se escuchara el discurso del Luis Arce el 6 de agosto. Y cuando el país empezaba a pensar en la Navidad, centenares de policías le cayeron al exdirigente cívico de Potosí, Marco Pumari, que fue detenido en un megaoperativo, lo que habla de una venganza en curso y que tendrá segunda parte el 2022. Así fue que el 2021 se gastó en más persecución, más confrontación y para nada se avanzó en sanar heridas y en buscar la reconciliación.

Punto de vista

Sayuri Loza

Crisis judicial extrema

Lo político se ha visto marcado por una fuerte polarización y el surgimiento de radicalidades basadas en supremacías étnicas o regionales producto de una estrategia divisionista surgida desde el partido gobernante donde hubo más interés en demostrar la teoría del golpe que en generar las condiciones para establecer un Estado hegemónico e inclusivo.

Las movilizaciones más recientes han mostrado un cambio en el eje político del país, Santa Cruz ha cobrado mayor protagonismo por un lado con el paro contra la ley de ganancias ilícitas que logró hacer dar marcha atrás al gobierno y por otro, aunque con mucho menos éxito, con la marcha indígena, cuyo impacto irónicamente fue atenuado por el mismo paro. En general, este año se ha apreciado un desgaste de los protagonistas políticos de todas las facciones y territorios. La pandemia, la crisis económica y las evidencias de corrupción en todas las esferas, están cobrando factura a quienes en el pasado electoral, prometían un verdadero cambio.

El sistema judicial, cada vez más dependiente del ejecutivo, se halla en un momento de crisis extrema, no sólo por su dependencia políticas, sino porque es ineficiente incluso en casos particulares; a diario por ejemplo, feminicidas son absueltos por jueces corruptos. O pensemos en el cruel asesinato del joven Anakin Tankara, que estaría quedando impune debido al uso de influencias de la parte acusada. “Es tierra de nadie” se lee en redes sociales, al ver que grandes desfalcadores son puestos en libertad mientras revendedores de entradas son apresados.

El trato desigual que tiene el sistema judicial con los ciudadanos bolivianos, es una de las grandes deudas de los gobernantes en nuestra historia, no está demás recordarles que muchos de ellos fueron víctimas del mismo sistema corrupto que impulsaron.

Detenidos en el gobierno de Arce

Elaboración Página Siete

EXAUTORIDADES

1. La expresidenta Jeanine Añez en el penal de Miraflores por los casos golpe I y golpe II.

2. Los exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y el exministro de Energías, Rodrigo Guzmán, detenidos en la cárcel de San Pedro por el caso “golpe”.

3. El exviceministro de Transparencia, Guido Melgar, detenido en el penal de San Pedro por caso tarjetas prontuario.

4. El exviceministro del Tesoro, Carlos Schlink, fue detenido en la cárcel de San Pedro por el caso crédito del FMI y luego enviado a domiciliaria.

5. El exdirector de Migración, Marcel Rivas, detenido en San Pedro por dos casos.

6. La exdirectora de la UIF, Aida Luz Melean, detenida en la cárcel de San Roque de Sucre.

7. El exgerente de Entel, Eddy Luis Franco, detenido en San Pedro.

MILITARES

1. El exjefe de Estado Mayor de las FFAA, almirante Flavio Gustavo Arce San Martin, detenido en la cárcel de San Pedro por el caso “golpe”.

2. El excomandante del Ejército, general Jorge Pastor Mendieta, recluido en San Pedro por el caso “golpe”.

3. El excomandante de la Armada Boliviana, almirante Palmiro Gonzalo Jarjuri, recluido en el penal de Patacamaya por caso “golpe”.

4. El excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Jorge Gon[1]zalo Terceros, detenido en Palmasola, Santa Cruz, por el caso “golpe”.

5. El general en retiro y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Fernando Valverde, está detenido en el penal de El Abra, Cochabamba, por el caso Senkata.

6. El excomandante de la División Mecanizada del Ejército, general Franko Suárez Gonzales, detenido en la cárcel de San Pedro por caso Senkata.

7. El coronel del Ejército, Julio Cesar Tamayo, recluido en la cárcel de San Pedro, por el caso Senkata

POLICÍAS

1. 26 policías fueron acusados por el motín y se encuentran procesados internamente por haberse retirado la wiphala de sus uniformes en 2019, de los cuales 12 fueron dados de baja.

2. El teniente coronel Luis Fernando G. L., está detenido en San Pedro, procesado por supuesta siembra de pruebas.

3. El mayor Nelson C. T. está recluido en la cárcel de Patacamaya, procesado por supuesta siembra de pruebas.

4. El capitán Daniel Bellot, exedecán del exministro Arturo Murillo, detenido en San Pedro por depósitos irregulares.

5. El capitán de la Policía, Ivar Víctor Gómez Apaza, detenido en San Pedro por depósitos irregulares.

ACTIVISTAS Y CÍVICOS

1. Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico de Potosí, detenido en la cárcel de Uncía.

2. El líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, detenido en el penal de San Roque de Sucre.

3. Mario Bascopé, integrante de la RJC, sentenciado a 10 años de cárcel por supuesto tráfico de drogas.

4. Milena Soto, integrante de la RJC, con detención domiciliaria.

PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA BOLIVIANA

1. El exministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

2. El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos.

3. El exministro de Defensa, Luis Fernando López.

4. La exministra de Medio Ambiente, María Elba Pinckert.

5. El exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.

6. El excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman.

7. El excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Sergio Orellana.

8. El exinspector de las FFFAA, Jorge Elmer Fernández.

9. El excomandante de la Policía, coronel Yuri Calderón.

10. El exviceministro de Régimen Interior, Javier Issa.

11. El exdirector de la FELCC, coronel Iván Rojas.