Varios partidos apuran el reloj para tratar de cumplir con los procedimientos indicados en la nueva Ley de Partidos, que aunque no se aplicó en 2020 sigue estando igualmente vigente. El desafío ahora es adecuar los Estatutos de cada partido a lo que dispone la Ley y la Constitución Política del Estado, y no es tanto ese el problema, sino el de reunir a las “bases” para que el trámite sea legal.

Desde 2003, cuando se derrumbó el sistema conocido, los partidos políticos son prácticamente esqueletos poco estructurados que funcionan como agencia de colocación o como buen negocio a la hora de subastar las siglas para la campaña electoral. Siempre hay muchos intereses en juego.

En 2019 se batió casi un récord de concurrencia de partidos a las elecciones, aunque la mayoría eran fantasmas salvo el MAS y la coalición que conformaron Demócratas – funcionarios de Santa Cruz en su mayoría – y Unidad Nacional – funcionarios de Soboce u otros negocios de Samuel Doria Medina en su mayoría.

Del resto se dieron situaciones calamitosas, como que el Partido Demócrata Cristiano empezara teniendo de candidato a Jaime Paz y acabara con Chi Hyun Chung y un discurso conservador recalcitrante. En 2020 por cierto la sigla se la quedó Tuto Quiroga, que acabó renunciando.

El nonagenario MNR se la “prestó” a Virginio Lema que hizo campaña contra la política tradicional y UCS se fue con el devenido en ultraconservador Víctor Hugo Cárdenas. Después concurrió la estructura evangélica del Frente para la Victoria y la “intercultural” del Tercer Sistema de Félix Patzi, mientras que el que sumó más expectativa de voto fue Comunidad Ciudadana, una alianza construida ni más ni menos que sobre la estructura familiar del FRI de Motete Zamora.

La Ley de partidos difícilmente logrará resucitar a esos mismos partidos que ya no representan a nadie.

La Ley de partidos obligó entonces a hacer primarias internas aunque cada partido solo presentó un binomio. Aun así, el esperpéntico Tribunal Supremo Electoral obligó que se fuera a las ánforas. Alguien había imaginado que una “gran victoria” de Evo Morales en su primaria contra nadie borraría la derrota en el referéndum.

Lo cierto es que el problema de la participación política no es exclusiva de Bolivia, pero sí se han tomado decisiones en el país, en el marco legislativo, que han complicado precisamente el ejercicio de la política, quedando reducida al partido gobernante en ese momento en alguna institución, sea la alcaldía de La Paz, la Gobernación de Santa Cruz o el Gobierno Nacional con el MAS, o al millonario de turno que decide gastar su patrimonio en su hobbies favorito.

Todos los partidos tienen problemas de democracia interna; en casi todos, las cúpulas tienen demasiado poder y los “militantes” solo sirven de fuerza de choque, pegar carteles y después, mendigar pegas, pero hay un problema mayor: la mayoría no tiene militantes ni base social, por lo que la democracia misma pierde el sentido de sus elementos esenciales, que en realidad están controlados por intereses particulares.

Lo cierto es que la Ley de partidos podrá lograr que los partidos respeten a la mujer o a los pueblos indígenas en sus Estatutos, pero difícilmente logrará resucitar a esos mismos partidos que ya no representan a nadie.