Las noticias sobre el encarcelamiento de la exalcaldesa de Santa Cruz, nos llevan a una situación incómoda respecto de la lucha contra la corrupción. Ninguna persona de bien puede apostar o ser flexible acerca del mal manejo de la cosa pública, y el escándalo en el municipio cruceño es inmenso, por lo que el que el hecho de que se esté poniendo coto a la impunidad, se esté investigando irregularidades que parecieran ser tienen dimensiones elefantiásicas solo podría ser una buena nueva.
Sin embargo, volvemos a tener la figura de la prisión preventiva, tan abusada en nuestro país desde siempre, pero tan extremadamente mal manejada en los últimos tiempos que, una vez más, una persona de bien simplemente no puede estar de acuerdo con ningún encarcelamiento bajo ese rótulo.
Se puede entender que los fiscales y los jueces teman que si no encarcelan a un acusado, este se escapará, eso es muy posible, pero es un círculo viciosos, porque también se puede entender que un acusado fugue, en primera instancia porque no se puede confiar ni en jueces ni en fiscales.
Si para colmo, el asunto está contaminado con los trajines políticos de quienes apuestan por permanecer en el poder para siempre, la cosa se torna verdaderamente incierta.
La madrugada del viernes pasado, la exalcaldesa Sosa ha pasado de ser una persona con sospechas sobre malos manejos durante su gestión, a una víctima de un aparato judicial que simplemente no es confiable.
Tengo un especial reparo cuando un proceso es declarado en reserva, y es que es bajo ese paraguas que la justicia puede actuar de la manera más canalla. E insisto en que primero tienen que aparecer las personas involucradas en los cobros ilegales, por el momento como lo dice el rótulo, son ítems fantasma, porque nada ha demostrado que existan, no los que cobraban, sino los ítems en sí.
Hace más de nueve meses, la expresidenta Jeanine Áñez fue encarcelada de una manera absolutamente ilegal, acusándosele de un delito que no solo no cometió, sino de uno que no tuvo lugar. El manejo de ese caso, tiene que llevarnos a estar en alerta ante cualquier detención de un exalto funcionario.
Hay dos cosas que tenemos que tener muy claras, el poder judicial está no solo en manos del MAS, sino que está al servicio de los intereses del MAS. Y al MAS no le interesa la democracia, no le interesa un sistema que tenga una oposición fuerte que pueda llevar a la alternancia, al MAS le interesa destruir a cualquier opositor.
No se puede poner las manos al fuego por la gente que gobernó la ciudad de Santa Cruz durante los últimos años, pero no deja de ser irónico que quienes están haciendo esa supuesta limpieza tengan una viga en el ojo.
La justicia debe ser ejecutada por los justos, va contra la naturaleza (una vez más, de las personas de bien) aceptar que hagan justicia quienes no están libres de culpa.
El daño cometido por el partido de gobierno al haber quitado toda libertad al sistema judicial (a partir de una elección de jueces totalmente amañada) y al uso y abuso de la justicia como arma política contra los opositores, es enorme porque no habiendo confianza en esos actores, no solo se puede desconfiar de las condenas, sino que tampoco hay posibilidades de redención y de verdadera erradicación de la corrupción.
La justicia, para serlo, debe ser ecuánime, no por casualidad ésta está personificada como una mujer con una balanza y los ojos vendados. La sustitución de esa venda por lentes con vidrios azules la desvirtúa completamente.
El gran deseo que debemos tener los bolivianos para el próximo año es el de una verdadera reforma judicial, pero dudo de que estemos en condiciones de hacerla. Posiblemente 2022 será un año con más injusticias.
