Sufragio efectivo, no reelección. Esa fue la consigna de la Revolución mexicana propuesta por Madero en 1910 como respuesta a los más de 30 años de poder que ejerció Porfirio Diaz. La consigna se convirtió en mandato constitucional y los seis años de presidencia imperial, como la describe Enrique Krauze, concluyen con una desaparición total de la vida pública de los expresidentes.

El presidente de México en el sexenio de su ejercicio y respetando los principios constitucionales del pacto federal, la tierra como razón del alzamiento revolucionario, la soberanía sobre la explotación del petróleo, una política internacional de solidaridad con los pueblos oprimidos, una relación humana y cercana con Latinoamérica para marcar la distancia con Estados Unidos, tiene el poder total. Paradójicamente, si Evo Morales hubiera sido presidente de México, en este momento estaría preso por dos razones constitucionales, el desconocimiento de la voluntad soberana sobre el periodo de su mandato, y por la locuacidad de quien no asume que ya no es presidente de la república.

Pareciera que Evo carece de amigos que le aconsejen lealmente, que de manera comprometida con él y con la verdad, le compartan las preocupaciones reales de la población que recogen todas las encuestas. El descontrol verbal en el que incurre, dando instrucciones a diestra y siniestra, debe servirnos para colocar en contexto algunos componentes de nuestra vida democrática.

Le corresponde al MAS definir su estructura, organización, funcionamiento y liderazgo. Lo que no es atribución del MAS es el pretender la sumisión de todos los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos como condición de sus estatutos, y, además, pretender que Evo sea candidato nuevamente el año 2025, después de haber violentado el orden constitucional del referéndum del 21 de febrero de 2016, y haber sometido a los órganos del Estado a su voluntad de la reelección indefinida a la presidencia.

Estamos frente a dos situaciones formales que debemos esclarecer y a una tercera, deseable.

La primera es anular el bochorno que establece el estatuto del MAS por el que obligaría a todas las autoridades y funcionarios técnicos de todos los niveles del Estado —nacional, departamental, regional y municipal— en las que fuera gobierno, a ser militantes del partido, estableciendo obligatoriedad de aportes mensual, y vetando la existencia de independientes o neutrales, y con ello, anulando la meritocracia. “Los trabajadores que no estén registrados entrarán a una ‘lista negra’ de funcionarios públicos ‘pititas’, informó el encargado de la dirección departamental del MAS de La Paz, Omar Arce. El dirigente agregó que cuando se tenga terminada la lista acudirán al presidente Luis Arce para sugerirle que cambie a los ‘pititas’ por militantes del MAS”.

La segunda situación formal se refiere a la pretensión que tiene Morales: luego de ser responsable de las violaciones constitucionales, ¿puede ser candidato nuevamente en las próximas elecciones? Tenemos el referéndum del 21 de febrero del 2016 en plena vigencia, y la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de agosto último. que señala que la reelección indefinida no es un derecho humano en la opinión consultiva sobre el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Y la situación deseable, que el ciudadano Evo pueda guardar alguna sindéresis (“Discreción, capacidad natural para juzgar rectamente”, según el diccionario de la RAE, N. del E.) en sus declaraciones entusiastas que pareciera no reconocen que ya no es presidente de la república. En todo caso, eso debiera importarle más a su partido y su gobierno que deben administrar y explicar, todo el tiempo, qué fue lo que quiso decir. Las últimas de esas declaraciones son los dislates sobre el federalismo y esta champa guerra contra Santa Cruz de la que no tiene posibilidad de salir sin dañar la economía y la sensibilidad nacional de una sociedad más grande que sus prejuicios.

El año 2022, vendrá generoso.

El autor es director de Innovación del Cepad