Los primeros días del mes de diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministro de Justicia, ante el clamor popular que hizo conocer su desconfianza respecto del actual régimen de administración de justicia, anunció la designación de una Comisión de Notables para encontrar un remedio a ese mal. Poco después fueron posesionados para el ejercicio de su misión los integrantes de esa Comisión, todos ellos con prestigio en diferentes ramas de las ciencias jurídicas.

Los miembros de esa Comisión iniciaron sus labores con un coloquio en el que junto con expertos en derecho procesal de diferentes países expusieron opiniones valiosas, entre las cuáles se destacó el criterio presentado en sentido de consolidar una carrera judicial que permita la acción de jueces sin limitación en el tiempo. Para ese efecto se sugirió que se introduzcan nuevos métodos con destino a la designación de aspirantes al ejercicio de la función judicial.

Ante esas primeras acciones, el sector mayoritario de la Asamblea Legislativa declaró que tal tema debe ser primero tratado ampliamente en las comunidades interculturales. Sin duda, debido a ese pronunciamiento, la Comisión de Notables se desintegró. Casi un año después de esa tentativa, el Poder Ejecutivo, nuevamente por intermedio del Ministro de Justicia, anunció la aparición en el próximo marzo de una nueva cumbre judicial.

En la anterior cumbre judicial que se realizó en mayo del año 2016, se limitaron a afirmar que era necesario otorgar a los ciudadanos un adecuado acceso al sistema de administración de justicia, que se debía hacer algo para evitar la retardación de justicia, que era necesario reprimir la corrupción de los jueces, que era urgente pedir a los legisladores la introducción de mejoras a la legislación en materia penal y procesal penal, y que la carrera judicial sea una realidad. No se dijo nada acerca de la necesidad de despojar al Poder Legislativo de sus actuales atribuciones para preseleccionar a postulantes a las altas funciones del Poder Judicial para fines de elección por voto popular.

En razón de la denominación de “cumbre judicial” otorgada a ese evento, sus participantes serán representantes de sectores de jueces, fiscales, abogados y profesores de las universidades, todos los cuáles, en una primera fase y por separado, efectuarán los estudios correspondientes para analizarlos y presentar luego proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, además de la correspondiente a reforma parcial de la Constitución.