El proyecto para modernizar los equipos y el sistema de software del padrón electoral biométrico se quedó sin recursos luego que el Gobierno optó por recortar esa asignación al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el Presupuesto General de 2022, que el Legislativo sancionó sin observaciones.

El programa, que demandará algo más de Bs 30 millones, tiene que ver con la modernización de este registro, cuya base de datos fue auditada en varias ocasiones, señaló la vocal del TSE, María Angélica Ruiz, en un contacto con EL DEBER. “Lastimosamente no fue aprobado ese presupuesto. Lo presupuestamos, pero nos lo recortaron”, señaló la autoridad, quien espera que este plan se reconsiderado en 2022, cuando se realice la reprogramación de los gastos e inversiones en los que incurrirá el Estado el próximo año.

La autoridad recordó que el sistema actual, “que está bien mantenido”, ya requiere de una actualización porque han transcurrido 12 años desde que comenzó a ser usado para el registro de votantes.

“El año 2020, ya hicimos la licitación de la actualización de esta plataforma que tenía un costo de 30 millones de bolivianos y lastimosamente se declaró desierta. Entonces, este 2021 se volvió a presupuestar, pero nos recortaron el mismo”, remarcó la autoridad.

El registro biométrico de votantes comenzó en 2009 con 4,9 millones de electores. Para las elecciones subnacionales de este año, la cantidad de electores alcanzó los 7,1 millones de personas habilitadas para votar, además de los 15.898 residentes extranjeros que ejercen el derecho a sufragar en comicios de alcance municipal.

El registro biométrico está basado en las huellas dactilares de cada uno de los electores y es cotejado con los documentos de identidad de cada ciudadano. El proyecto del TSE prevé elevar la seguridad de ese registro para transformarlo en “multi-biométrico”, de manera que, además del registro dactilar, se incorpore un reconocimiento facial. “De esta manera, se podrá tener más servicios con una velocidad mayor”, apuntó la autoridad del TSE.

De hecho, la base de datos que genere esta tecnología permitirá, por ejemplo, que el Servicio de Registro Cívico (Sereci) pueda contar con registros biométricos de personas de menor edad. “Con una biometría desde los siete años de edad vamos a poder integrar, con mayor certeza, los datos de cada persona natural”, explicó. La vocal anticipó que el sistema transparentará los ajustes de datos personales, precisamente, gracias al reconocimiento facial.

La modernización del padrón electoral está incorporada en los desafíos que asumió la institución para el 2022. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, presentó este reto la pasada semana en el marco de varios seminarios en los que se analizó el grado de conflictividad, precisamente por efecto de las fallidas elecciones de 2019, cuando Evo Morales insistió con ser reelegido a pesar de las limitaciones legales que están establecidas en la Constitución.

Por efecto de esta crisis política, el TSE se ha mantenido en el punto de mira. Partidos opositores e investigadores, como el constitucionalista Carlos Börth, plantearon la necesidad de hacer una nueva auditoría al registro, sin descartar un nuevo padrón.

“La solución que le propuse al Tribunal fue precisamente esa disyuntiva: Se hace una auditoría basada en estudios de trazabilidad, es decir, a cada padrón municipal para ver cómo ha variado a nivel de personas. O la solución más expedita es levantar un nuevo padrón, pero con mecanismos de participación plural y con intervención de veedores, observadores y técnicos internacionales que den certeza que el nuevo padrón refleja la realidad”, dijo el experto.

Börth observó, en un estudio que realizó este año, que “hubo un crecimiento extraordinario” de electores en algunas poblaciones rurales, entre el referéndum constitucional de 2009 y las elecciones de 2019, habiendo lugares como Tarabuco que ha registrado un incremento de 131.19% de votantes en los últimos diez años.

El 8 de noviembre, Hassenteufel abrió la posibilidad de llevar adelante “un nuevo padrón que eliminaría todas las dudas que existen en un pequeño sector de la ciudadanía”, pero la semana pasada afirmó que tal decisión, también vinculada a un elevado presupuesto de $us 30 millones, podía ser asumida sobre la base de los resultados del censo que serán entregados en 2023.

“Se tienen que actualizar todos los datos y eso es importante, pero se tiene que hacer un análisis económico para ver si tenemos las posibilidades, de las condiciones sociales y condiciones políticas”, precisó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Ruiz consideró que un nuevo padrón pasa “por un gran pacto político” que genere un compromiso para respetar los resultados y la institucionalidad del TSE.