Rosario Baptista Canedo llegó en diciembre de 2019 al nuevo Tribunal Supremo Electoral elegido tras la huida de Evo Morales como parte de los acuerdos entre los sectores políticos del país —incluido el MAS— para viabilizar nuevas elecciones en mayo del año siguiente.

Pero tras las elecciones generales de 2020, Baptista pidió a la OEA una auditoría de éstas denunciando la posible existencia de una “data alterna”; luego retrocedió y convalidó esas elecciones. Un año después, Baptista renunció a su vocalía denunciando un sistema montado para favorecer al MAS: «No estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema, ni legitimarlo con mi presencia», repitiendo que en 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y que bajo «las condiciones actuales [el MAS] nunca perderá una elección» porque el TSE «está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos». Luego se declaró “perseguida y amenazada” por el MAS y se autoexilió; desde Colombia dio una entrevista donde reiteró que el MAS se benefició de un padrón electoral no transparente y, entre otras denuncias, pidió que la lista de votantes sea saneada.

Las denuncias de Baptista daban soporte a las dudas con la fiabilidad del padrón electoral desde la base de origen del Registro Biométrico de 2009 — presuntamente manipulado por la empresa encargada de su capacitación y soporte, la venezolana Smartmatic, vinculada estrechamente con el chavismo. El paso siguiente a las denuncias eran las pruebas que Baptista aportaría de la manipulación dolosa del padrón.

Pero Baptista nunca las dio ni hizo nuevas declaraciones o justificado por qué no las aportó. Si para muchos pareció otra Luisa Ortega Díaz —la Fiscal General de Venezuela que se enfrentó a Maduro y desde el exilio siguió presentando pruebas contra el régimen—, Baptista con sus denuncias apócrifas benefició al MAS que porque quedó en meras suposiciones sin demostrar sustento. Como Iwazaru, el mono sabio japonés, Baptista “no dijo nada”.

Gabriela Zapata Montaño, novia/amante del presidente Morales —¿cocotte?— desde los 20 años, con su vínculo horizontal, su ambición muy desarrollada y su falta de escrúpulos aprovechó de las mieses del Poder negriazul para engancharse en las danzas de la corrupción. ¿Dónde mejor que de gerentevitrina- contacto de la china CAMC Engenering Co. Ltda., incumplidora de contratos pero favorecida con la munificencia cómplice del Estado?

Pero en 2016, en la barahúnda del referéndum prorroguista, pasó de nueva rica negriazul en las páginas de sociales a las de los escándalos de corrupción. Sin entrar en entuertos (¿hijo?, ¿no hijo?, caracoles y santeros), fue condenada como chiva expiatoria (CAMC, “salvada”, emigró raudamente dejando un hueco de medio billón de verdes dólares); eximida de tráfico de influencias —“sanificado” el Poder—, fue condenada a 10 años pero media sentencia cumplida (2021) le “robó el show” a la marcha del Evo a La Paz cuando, mientras se realizaba el evento de llegada —apoteosis hiperinflada—, un juez le concedió libertad condicional y ese suceso mediático opacó el evento en San Francisco: los discursos —el de Arce con lágrimas incluidas, siempre ninguneado, incluso en la ALBA— no tuvieron prensa.

La Zapata fue Mizaru, el mono sabio que “no ve nada” —ni devuelve tampoco lo peculado.

Alicia Bárcena, mexicana que dirigía la CEPAL —y ahora pareciera que la CELAC—, es Kikazaru: ella “no oye”. Adorada por el demagogo populista que gobierna México y ella su adoradora, Bárcena es campeona del “progresismo” y adalid de la sustitución de importaciones, la política “desarrollista” que entre los 50 y 70 cautivó a nacionalistas de izquierdas y derechas, fracasó en todos lados y ahora resurge con peores reveses en el socialismo 21. El espectro de Raúl Prébisch, padre del engendro, estará feliz que los políticos no aprendan.