Cuando en la academia se habla de política, casi siempre suele concentrarse en mirar y analizar las luchas de poder entre los actores políticos, el cómo estos despliegan sus estrategias para acceder al poder, mantenerse en él y/o acrecentarlo. Esa práctica genera uno de los grandes problemas de las sociedades actuales, ya que, con ese enfoque, la gente llega a creer que gobernar es el arte de maniobrar el poder y que las buenas acciones de gobierno son únicamente parte de esas estrategias de poder. En definitiva, hace creer que el poder es la finalidad de la política.

Es necesario que el análisis académico de la política se concentre en las acciones de las y los gobernantes, pero en aquellas encaminadas a la mejora de la calidad de vida y de lo institucional. Las acciones orientadas únicamente al mantenimiento o crecimiento del poder debieran ser criticadas como negativas y ser censuradas, en lugar de destacarlas como virtudes.

Para realizar tales críticas, es necesario contar con ciertos parámetros o estándares que sirvan de referente; estos son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza y, en lo institucional, la democracia y los estándares de calidad de los servicios.

Esta forma de ver la política permitiría que sus analistas se especialicen en estos temas para evaluar las acciones de las y los gobernantes a favor de la transformación social, económica, territorial, ambiental e institucional, en lugar de especializarse únicamente en las dinámicas del poder. Incluso la ciencia política reorientaría su estudio y la formación hacia todo eso que es el objeto de la gestión pública.

La finalidad de todo Estado del mundo parte del sistema universal y continental de los derechos humanos, es justamente la materialización de los derechos humanos bajo los términos y acuerdos establecidos en las normas y estándares constitucionales e internacionales. Se supone que cada obra que un gobernante ejecutivo hace, cada servicio que presta, cada ley que un Órgano Legislativo emite tiene la finalidad de materializar algún derecho humano o un derecho de la naturaleza.

Para eso, cada órgano de Gobierno tiene una función: el Órgano Legislativo establece las políticas de Estado (leyes), en ellas, las directrices para regular el comportamiento tanto de los gobernantes como de la sociedad civil. A las y los gobernantes, bajo esos lineamientos legislativos, les toca aplicar los criterios de priorización de los presupuestos y acciones para generar igualdad de oportunidades en términos de accesibilidad física, económica, territorial y temporal a los servicios y bienes elementales, para materializar los derechos (acciones afirmativas en el marco del principio de equidad).

Por otra parte, se supone que es al Órgano Judicial a quien se debe recurrir para pedir que, en caso de que algún gobernante/a o ciudadano/a vulnere algún derecho, le obligue a cumplirlo. Finalmente, el Órgano Electoral es quien debe garantizar y materializar el derecho a elegir y ser elegido. Así, cada órgano de Gobierno tiene una función para con los derechos humanos y cada escala territorial de Gobierno lo propio en los temas de su competencia.

En toda definición de las leyes y acciones ejecutivas, se da un proceso de discusión donde intervienen los diferentes actores de los órganos de Gobierno y de la sociedad civil. Cada actor, en función a sus referentes cognitivos y de la realidad concreta, así como en función a sus intereses de distinta índole, pretende incidir en tales leyes o acciones. Primero, por la vía de la persuasión y negociación y, si no resulta, mediante la precisión social (movilizaciones, bloqueos, etc.).

Según cuánta influencia o capacidad de presión tengan, lograrán incidir en el diseño de esa política pública. De esta manera, en su proceso se darán juegos de poder; sin embargo, si bien esto es parte de la dinámica de la gobernanza, esta ni la política son solo eso. Gobernar es y debe ser entendido siempre como el proceso de gestión de la materialización de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, por lo que los análisis de las acciones de gobierno deben enfocarse sobre todo en ver el grado de su eficacia para con esa misión y razón de ser de los gobiernos.

* Es experto en organización y funcionamiento del Estado.