Como crónica anunciada, están en marcha preparativos para un recargado asedio contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El objetivo es descabezarlo. Se trata de una actitud antidemocrática de quienes no pueden ganar en las urnas. Además de deplorable, es algo peligroso. El desafío, más bien, radica en fortalecer y blindar la institucionalidad electoral. Estamos a tiempo.

Dirigentes de comités cívicos del país, junto con grupos marginales como el Conade, han anticipado que, en enero próximo, cuando formalicen su pliego de exigencias 2022 desde la oposición, incluirán el renovado ataque contra el sistema electoral y sus máximas autoridades. Por ahora plantean una “auditoría forense” (sic) a las últimas elecciones generales, la renuncia de todos los vocales del TSE y, no podía faltar, la construcción de un nuevo padrón electoral. Se repite desde hace años como manual.

Los supuestos de los que parten los opositores son falsos. Quieren auditar unos comicios cuyos procedimientos y resultados fueron avalados de manera unánime por una veintena de misiones de observación electoral, incluida la OEA de Almagro. Tal auditoría, claramente innecesaria además de inviable, ya fue descartada por el TSE. Lo que corresponde es que los actores derrotados en las elecciones 2020 reconozcan de una vez la voluntad mayoritaria expresada en las urnas. Es un principio mínimo en democracia.

En cuanto al padrón electoral, que es objeto de guerra sucia desde hace más de una década, los actores de oposición presumen que está “contaminado”. Repiten también, sin ninguna evidencia, la fantasiosa idea de que habría más de un millón de “registros fantasmas”. Es algo delirante considerando que la biometría garantiza registros únicos para cada votante. Y olvidan que en 2017 una auditoría integral, realizada por los mejores expertos de la región, certificó que el padrón electoral boliviano es confiable.

Al respecto, las autoridades del TSE han reafirmado la confiabilidad del padrón con el que se votó en las elecciones generales 2020 y en las elecciones departamentales, regionales y municipales 2021. Y es que resulta paradójico y altamente inconsistente que el padrón esté mal cuando gana el MAS-IPSP, pero sea bueno cuando la victoria corresponde a candidatos de la oposición. ¿En qué quedamos? Como sea, lo cierto es que el registro electoral es objeto de saneamiento, depuración y actualización permanentes.

El plato fuerte de los dirigentes cívicos, en nombre de la “democracia”, es el descabezamiento del TSE. Para la oposición, los vocales solo serán “confiables e independientes” cuando proscriban al partido de gobierno y administren unas elecciones presidenciales en las que, finalmente, gane un candidato opositor. Este asedio contra el órgano electoral debe terminar. Los desafíos democráticos del país son demasiado complejos e importantes como para dejarlos librados a la agenda política de grupos autoritarios.