El gobierno utiliza, como es de esperarse, todos sus esfuerzos para reestablecer el régimen de control que le dio holgura durante sus 14 años anteriores. Ha desempolvado las prácticas mezquinas y busca volver a sus mejores momentos donde todo (justicia, medios, organizaciones, sindicatos, etc.) pasaba por uno de sus tentáculos. En algunas instancias lo ha logrado sin dificultad, en otras -como los colaleros de Yungas- le está costando más trabajo.

La última aberración fue con el tema de derechos humanos. Se ha escrito ya sobre el retroceso que hemos vivido en este período. El MAS se ha empeñado en desnaturalizar los derechos humanos, creando una jerarquía entre los humanos de primera - sus militantes que merecen todos los privilegios- y los de segunda -a quienes se les aplica la ley, controlada, evidentemente, por el masismo-.

Las detenciones arbitrarias van de la mano del desmantelamiento de las instituciones que mínimamente podían dar una pequeña y tibia defensa a la gente frente a la fuerza abusiva del MAS. La creación de una Asamblea de Derechos Humanos paralela que es tan funcional como sus medios de prensa o sus sindicatos, es simplemente un despropósito que sólo puede arrancar carcajadas. ¿Son esos “para-funcionarios” los que van a defender a los ciudadanos?

Uno de los acentos del gobierno, o más bien de la cultura política masista instalada y labrada con los años, es no utilizar solamente los recursos estatales para sus fines -la prueba más escandalosa fue la “elección de Estado” que hicieron el 2019-, sino, además, promover instancias fuera del aparato estatal que, con distintos grados de inserción en la sociedad civil, funcionen como operadores políticos. Aquello se podría llamar un Estado paralelo.

En el 2019 esa estrategia fue exitosa: se mandó a “ciudadanos” a quemar casas, buses, golpear, destrozar todo lo que encontraban en el camino y aterrorizar a vecinos sin el menor descaro. Claro, no eran “agentes del orden” que luego puedan ser juzgados, no eran policías o militares -como sucedió en Nicaragua, por ejemplo-, era gente, masa que luego sería imposible condenar.

Algún defensor del MAS decía en medios que la violencia en aquel período fue “ciudadanos contra ciudadanos”, por tanto no hay a quién juzgar. Lo que ocultan es que unos “ciudadanos” eran en realidad militantes cumpliendo órdenes emitidas por oscuras autoridades. Lo mismo sucedió en las confrontaciones de hace unos meses, cuando burócratas disfrazados de ciudadanos salían a las calles a golpear con Wiphalas y palos a quienes se manifestaban con banderas bolivianas.

La promoción de estos grupos paralelos que actúan fuera de las leyes y hacen lo que su conciencia les manda, amparados en una deslucida retórica socialista que a nadie convence, es parte de una estrategia de creación de un Estado paralelo que no se rige por leyes sino por intereses de los gobernantes. Hemos llegado un punto donde a menudo uno se pregunta si el presidente es Luis Arce, democráticamente elegido con amplia votación, o más bien Evo Morales que convoca a movilizaciones, representa al país en el extranjero, se desplaza en transportes oficiales, goza de todos los privilegios, y sus deseos son órdenes para propios y extraños. Triste: el Estado paralelo tiene su para-presidente.

Es enorme el riesgo para la democracia provocado por una política paraestatal, y el MAS está dando pasos agigantados para convertirse en el verdugo de aquél régimen arrancado a la dictadura en 1982, y del cuál el propio MAS ha sido uno de sus principales beneficiarios -y en contados momentos de lucidez, su promotor-.

Si seguimos en ese camino, más temprano que tarde llegaremos al sueño masista del partido único, al ejercicio despótico del poder y a un autoritarismo que aplane toda pluralidad y disidencia. Eso si no atravesamos antes por dolorosas confrontaciones que dejen más luto, o, si no emerge algún otro líder iluminado que lleve el péndulo en otro sentido y que, con una retórica contraria, haga exactamente lo mismo. Cierto, el panorama es poco alentador.