Según información proporcionada a la Agencias de Noticias Fides (ANF), el momento conflictivo se desató cuando mineros de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, que reclaman un derecho preferente sobre 50 cuadrículas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en el cantón Arcopongo, intentaron recuperar el área minera que habría sido avasallada y que la misma estaría siendo explotada a gran escala de manera ilegal durante varios años.

Del hecho, se habría registrado un muerto y varios heridos, información aun no confirmada.

"De todo esto tiene la culpa el ministro Navarro y la AJAM, porque les hemos insistido en que solucionen este tema, hemos andado años buscando justicia, pero han preferido ponerse del lado de los avasalladores. Esta vez los mismos pobladores de Inquisivi se han levantado porque exigen regalías y la minería ilegal no deja ni un peso", afirmó Francisco Eugenio, representante de la Cooperativa Ullakaya Condoriri.

El director ejecutivo de la AJAM, Erik Ariñez, consultado sobre el trágico desenlace dijo no tener información oficial. Sin embargo, aclaró que ni Ullakaya Condoriri, ni las otras cinco cooperativas afines a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), cuentan con la titularidad del derecho minero.

"Reitero, enfrentamiento entre dos grupos es un tema que tiene que ver con el Ministerio Público, la AJAM está encargada de ver cuál de estos grupos tiene derecho minero y ninguno la tiene", dijo.

Aunque Ariñez negó que se haya producido un avasallamiento por parte de las cinco cooperativas a las áreas fiscales, reconoció que existen denuncias ante el Ministerio Público por explotación ilegal de oro.

ANF evidenció la actividad ilegal minera en la zona de Arcopongo con el uso intensivo de maquinaria pesada. La zona se encuentra cercada por los cooperativistas que explotan de manera ilegal, quienes se organizan en cuadrillas y no permiten el ingreso al área. A pesar de ello se puede ver a la distancia la destrucción del río Chaquety, el desmonte y la tala indiscriminada de árboles.

De acuerdo a la denuncia del representante ante la AJAM, al Ministerio de Minería, al Tribunal Supremo Electoral, ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras instancias del Gobierno, las cooperativas Villa Santiago Crestón, Chaquety Plaza, Chaquety la Plaza, Elena Pampa Río Chaquety y Palma Flor, no sólo explotan en el área fiscal, sino que comercializan el oro que extraen de manera ilegal.

Por otra parte, el senador Yerko Núñez (UD), que también se trasladó hasta la zona del conflicto antes del enfrentamiento, lamentó el desenlace fatal y la "negligencia" del Gobierno por resolver este conflicto.

"Lamentamos la falta de presencia del Ministerio de Minería y la AJAM en esta zona, donde pudimos comprobar la ausencia del Estado. Hay presencia de gente armada que ante nuestra presencia en el lugar dieron la orden: formen la guardia como si se tratara de grupos armados", señaló.

Anunció que en los próximos días se solicitará una petición de informe oral ante el pleno del Senado, dirigida al ministro Navarro, para que explique la actividad ilegal minera que se está dando en el país, tanto por cooperativistas como también por parte de capitales extranjeros.