El expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez y el profesor de Derecho, Carlos Alberto Goitia, en el conversatorio “La vergonzosa deriva de la justicia” coincidieron que no se trata de “más pueblo” o más participación en las cumbres para la reforma judicial, sino de un proceso serio y participativo.

• Tweet
• Compartir
• 1+

Carlos Alberto Goitia y Eduardo Rodríguez. Foto: Composición

La Paz, 21 de diciembre (ANF).- El expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez y el profesor de Derecho, Carlos Alberto Goitia, observaron que el ministro de Justicia, Iván Lima, dirija el proceso de reforma judicial, porque refleja la falta de independencia, y demandaron la necesidad de un diagnóstico serio y participativo para encarar las soluciones a la crisis institucional.

Ambos abogados se refirieron a la trascendencia que tiene llevar adelante una reforma de uno de los poderes del Estado, como es el Órgano Judicial. En el conversatorio “La vergonzosa deriva de la justicia”, hicieron énfasis en trabajar en un diagnóstico sobre el estado de situación de la justicia para orientar las soluciones.

El también exmagistrado de la Corte Supremo de Justicia, Eduardo Rodríguez, planteó “descentrar de la política” la reforma judicial, partiendo necesariamente de un “gran diagnóstico” para tener una percepción cabal de los problemas, asunto que se encuentra en un documento que elaboró titulado 10 ideas y 10 propuestas.

“Lo más importante es abrir un proceso muy plural y muy participativo, de gran reflexión y muy riguroso que nos permita tener una idea muy clara y cabal de cómo funciona y cuáles son los problemas, las ausencias, las necesidades y las soluciones”, sostuvo Rodríguez.

Goitia que también fue asambleísta Constituyente complementó que “sin un diagnóstico, difícilmente se puede llevar a cabo un proceso serio de reforma de justicia (…). Ese diagnóstico es clave, fundamental y vital, porque de lo contrario (…) vamos a seguir chocando con los mismos problemas”.

También apunta a quiénes conducen el proceso de reforma, considera que no son los actores políticos los llamados a impulsarlo, porque tiene que ver con la “credibilidad” de las instituciones que trabajan en la temática y está “muy venida abajo”, lo que genera “desconfía” en la ciudadanía.

“Me parece paradójico que el Órgano Ejecutivo sea el que se meta a decidirle al Órgano Judicial -que tiene que tener jueces, qué clase de jueces- (…). Si invertimos la figura y los jueces le dicen al Órgano Ejecutivo -dónde poner sus oficinas, qué funcionarios tener-, los meterían presos a los jueces por golpe”, afirmó Goitia.

El ministro de Justicia, Iván Lima, es la autoridad del Gobierno que ha asumido llevar adelante este proceso a partir de una propuesta de seis pilares, también ha anunciado la realización de otra cumbre de justicia.

Rodríguez observó que nuevamente se plantee una cumbre con seis pilares; cuando el 2016 se realizó en Sucre la Cumbre Nacional de Justicia “Para Vivir Bien” donde también se debatió sobre seis ejes. Sugirió serenar el debate y diseñar un plan para identificar los problemas, pero con “una mirada imparcial”.

Cree que obedece a que el Órgano Judicial ha sido descabezado, porque en la nueva Carta Magna ya no hay una cabeza que lidere este órgano, y también porque fue eliminado en la sucesión constitucional. Es así que “el Ministerio de Justicia ha cobrado mucho protagonismo”.

Rememoró el diagnóstico sobre la justicia penal en Bolivia que hace 30 años realizó el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito (ILANUD), destacó la metodología, la rigurosidad para obtener la información a partir de entrevistas, encuestas y análisis de expedientes.

En esa línea, puso el ejemplo de cómo encarar las 700.000 causas rezagadas que existirían en el país, cuya solución no es contratar abogados como sugirió el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, sino una ingeniería que responda a una problemática integral.

Precisó que un diagnóstico serio debiera ser disectar los procesos, es decir, analizar de qué materias y competencias son, bajo qué modalidad se están o no atendiendo, examinar la legislación que ha dado motivo para la acumulación de causas, describió la exautoridad. “El análisis de ese volumen de información no se resume con una cumbre”, cuestionó.

Dijo que un proceso similar contribuiría a resolver los problemas estructurales desde una visión integral de la justicia, porque “no se trata de llevar más representantes sociales a una cumbre” o, “no es una competencia entre más o menos pueblo, ni concentraciones con más o menos gente”. Goitia coincidió que “una gran participación (de gente) en las cumbres no va a dar el diagnóstico”.

Para el expresidente los llamados a conducir el diagnóstico son los medios académicos y universitarios, no el Órgano Judicial porque es el “examinado” y este se debe convertir en un actor más que participe y que contribuya con información, con datos, con percepción de los jueces.

“Entonces, hay que hablar con todos los actores, los litigantes, con las víctimas. Es un trabajo muy grande que estimo puede durar uno o dos años”, manifestó.

Independencia un factor clave

Los juristas también abordaron la independencia judicial. Carlos Alberto Goitia sostuvo que el debate sobre la reforma judicial se ha visto fuertemente contaminado por el debate político.

Precisó que los organismos internacionales que revisan y están pendientes de esta temática critican “la falta de independencia del Órgano Judicial en relación con el Órgano Ejecutivo. Eso está en todos los informes”, dijo.

El expresidente de la CSJ acotó que este es un problema antiguo, no solo de los últimos años del MAS, aunque considera que la problemática se ha agudizado. Precisa que uno de los factores que afectan el sistema judicial en Bolivia y quizás en América Latina es la “mirada inquisitiva”, es decir, que todos los líos se llevan al ámbito penal, con la intención de ver a la gente detrás de las rejas.

“Eso se refleja claramente en Bolivia cuando vemos que más del 75% de los presos son detenidos sin sentencia. Es gente inocente que no ha concluido su proceso (…) donde lo más importante es la sanción. Es la mirada inquisitiva y ese es el giro cultural que tenemos que dar”, afirmó Rodríguez.

Lamentó que -por ejemplo- no se aplique más el régimen administrativo de responsabilidad por la función pública y que todo -incluso una designación, el pago de viáticos entre otros- se resuelva por la vía penal, es decir, la tendencia a la criminalización a través de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Si, se ha agudizado, de mi tiempo hace 20 años de cuando estaba en la judicatura el número de presos se ha multiplicado en 100%, y el número de presos sin condena subió al menos 40% (…). Y hay demoras en los coactivos civiles desde hace más 30 años, pero es más visible es más interesante hacer noticia metiendo a la gente a la cárcel. Y en eso los medios no nos ayudan”, manifestó.

Goitia añadió que hay ministros del Gobierno que están abocados a hacer campaña política y en esa lógica se muestran malos, estrictos y promoviendo que las personas sean detenidas en la cárcel. “Pero lamentablemente se utiliza mucho eso para lograr objetivos de orden político partidario”.

Si la modalidad de selección de las altas autoridades del Órgano Judicial es determinante, Rodríguez cree que no, porque la elección por voto o por la Asamblea Legislativa no los convierte en personas “sabias o íntegras”.

“Lo que es determinante es que cada individuo sepa que cuando se convierte en un actor judicial responde por su integridad, imparcialidad (…). Responde a la colectividad y tal vez al más importante de los valores humanos, la justicia y la equidad”, afirmó.

El profesor de Derecho y también constituyente dijo estar en desacuerdo con la elección por voto popular, y que las tres elecciones de magistrados no funcionaron, porque además los candidatos han recurrido a lograr apoyo de sectores poco transparentes.

Acotó que a este problema de la independencia se suma la corrupción, por lo que en la elección de las altas autoridades judiciales no solo debe primar la meritocracia sino la solvencia moral.

Al final del conversatorio, el expresidente Rodríguez dijo que existe un lado positivo que es el clamor de justicia que ha encontrado aliados externos que recomendaron la reforma judicial, se refirió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura.

Pero también se mostró pesimista, porque exmagistrados de los altos tribunales fueron “premiados” pese a sus fallos “absolutamente cuestionables”. Citó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este año estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, como en 2018 sentenciaron los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Jueces de altos tribunales que emitieron fallos cuestionables, absolutamente cuestionables, incluso recientemente uno por la Corte IDH han sido premiados con puestos diplomáticos, con cargos de expectativa, eso genera un cinismo. Es decir, que es juez o postulante a fiscal pareciera que tienes que hacer buena letra para que hagas caso de lo que te piden para acceder a un cargo”, cuestionó.

Goitia instó a las autoridades de gobierno a trabajar con mayor seriedad y responsabilidad, es decir, que para que funcione el proceso de reforma tiene que incluir a todos los sectores incluso a aquellos que piensan diferente.

“Si busco a mis amigos para generar un proceso para escucharnos entre nosotros y no para escuchar al otro, no funciona. Por eso me parece que ahí va a radicar el éxito o el fracaso. El éxito va a estar en la apertura, es necesario un diagnóstico serio y profundo. Para ese diagnóstico no necesito a los que me aplauden sino necesito a quienes conocen el tema y pueden trabajar aún, aunque no me simpaticen. Ese es el desafío del Gobierno y el Órgano Judicial”, sentenció.

El presente conversatorio se realizó con la colaboración y apoyo de la Comisión de Comunicación y la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

//NVG//