La novedad vigente nació como consecuencia de una rabiosa disputa conyugal que puso en vitrina la contratación de personal que no trabaja en la municipalidad de Santa Cruz de la Sierra, pero que figura en planillas y recibe una fracción de su salario nominal, lo que reitera la experiencia de una sociedad (la boliviana) burlada y esquilmada por quienes dicen ser sus servidores.

Los “ítems fantasmas” son una de las formas que usan funcionarios de todas las jerarquías para apropiarse de fondos, medios y recursos del público. Este tipo de crímenes son ejecutados por miembros del Ejecutivo nacional, de cualquiera de los otros órganos centrales, de municipios, universidades, gobernaciones, empresas estatales y, en fin, cualquier “espacio” de disputa partidista.

Negocios mayores -los más apetecidos por nuestra fauna política- son los de licitar y, con creciente frecuencia, adjudicar -sin licitación alguna- grandes y pequeñas obras públicas: carreteras, plantas, ingenios, armamento o equipo de represión, material escolar… lo que sea. Y mayores todavía, son permitir la ocupación ilegal de tierras, o la concesión de licencias ambientales para avasallar y destruir parques nacionales, reservas naturales, territorios indígenas o tierras fiscales.

Así ocurre con gobiernos oligárquicos o populares; en el centro de la administración o en su periferia, con ministros o secretarios de quinta. La experiencia de Tarija, como ejemplo, muestra cómo la explosión de recursos captados por los altos precios del gas que saturó las arcas departamentales se utilizó, ya sea por personeros del régimen o por sus más acérrimos enemigos, para enriquecer a jefes políticos y sindicales y a sus organizaciones, dejando al departamento con los mismos problemas de siempre y sin cambios significativos, verificables y duraderos que favorezcan a la sociedad.

Gran parte del sistema de mediación y representación política, sean partidos, organizaciones sociales y todo tipo de estructuras corporativas, tolera e incentiva que sus dirigentes, una vez encaramados en el Estado, se asocien con miembros del Ministerio Público y el Poder (Órgano) Judicial para aprovecharse de fondos públicos, recursos naturales, usando los cargos electivos y de nominación para provecho individual y corporativo, gozando de protección, inmunidad e impunidad.

El Estado opera de este modo como una gran maquinaria de asalto a la sociedad, atropellándola y defraudándola continuamente. La práctica política profesional con sus hábitos clientelistas, prebendales y patrimonialistas copa e intoxica a la llamada institucionalidad pública. El sector privado, especialmente en sus sectores más poderosos y concentrados, actúa de manera idéntica o parecida.

Una prueba cercana se halla en los violentos episodios de Las Londras, donde actuaron milicias civiles, dirigidas por una parte de la dirigencia colonizadora, asaltando una gran propiedad privada que ocupa ilegalmente una reserva forestal. En este caso, las cámaras empresariales no censuran a sus miembros y directivos envueltos en esta situación.

Nuestra Constitución Política, tan ajena y distante al MAS como al resto de las organizaciones que se denominan partidos y coaliciones políticas, proporciona a la ciudadanía la única herramienta disponible para enfrentar la corrupción en todas sus formas: el Control Social. Este instrumento de la sociedad, tal como se halla inscrito en la Constitución, es la manera a través de la que la sociedad exige rendición de cuentas y puede adoptar medidas para sancionar a los responsables, culpables directos y cómplices.

La ley reglamentaria del Control Social ha maniatado y deformado esta herramienta, convirtiéndola en un mecanismo de negociación entre burocracias estatales y las dirigencias de organizaciones sociales secuestradas y complicadas con la corrupción.

Para salir al paso del asalto integral que sufren los recursos colectivos y, ante el silencio de oficialistas y opositores, necesitamos incorporar en nuestras movilizaciones la exigencia de una ley del  Control Social, conformado por ciudadanas y ciudadanos, sorteados igual que los jurados electorales, con potestad de supervisar y exigir cuentas a los órganos de fiscalización (asambleas legislativas nacionales, departamentales, municipales, Ministerio Público, autoridades sectoriales, Contraloría, etc.). El Control Social debe poder emitir resoluciones de cumplimiento obligatorio y no simples recomendaciones o quejas.

Los políticos ciertamente no lo harán por su cuenta o iniciativa: como antes, como siempre, toca a nuestra sociedad movilizada abrir el camino para que no nos hundan sin remedio.

Roger Cortez Hurtado es director del Instituto Alternativo