Los alcaldes de los municipios controlados por el Movimiento Al Socialismo junto a un sector de la Federación Campesina y algunos otros sectores afines han decidido movilizarse en defensa de la afortunadamente derogada ley 206, presentada como “ley del 1%” y que en realidad era una ley del 8%, ya que era la cantidad exacta que extraía de la autonomía departamental para entregarla a la autonomía municipal.

La Ley 206 era en su integridad una Ley atentatoria contra la autonomía departamental, pensada para un momento muy específico, es decir, cuando los recursos empezaban a escasear producto de la caída de ventas de gas. La Ley se creó para atar al entonces gobernador Adrián Oliva y creó los mecanismos para reventar la gestión cuando hiciera falta: el perverso “débito automático”.

Muchos ayudaron a redactar aquella Ley para que tuviera exactamente ese alcance y todos miraron hacia otro lado pese a la aberración jurídica: los alcaldes, sin dar mayores explicaciones sobre el destino de los fondos o la buena ejecución de las obras, podía pedirle al Ministerio de Economía que metiera la mano en la caja del tesoro departamental, sacara su parte y la pusiera en los tesoros municipales.

Es verdad que el Estatuto Autonómico contempla esta posibilidad de crear proyectos concurrentes entre el nivel departamental y el municipal y para ello hacía falta desarrollar una Ley en el que se fijaran los mecanismos, pero, sobre todo, los objetivos para armonizar el desarrollo. Nunca fue ese el espíritu de la Ley 206, que solo pretendía vaciar las arcas de la Gobernación y limitar así la acción política del Gobernador.

En el tiempo en el que la Ley ha estado vigente ha pasado casi de todo, pero los alcaldes siguen siendo incapaces de explicar la verdadera utilidad de esos fondos y esos débitos automáticos, pues en demasiadas ocasiones los recursos han ido a financiar proyectos no prioritarios e incluso decorativos.

El gobernador Óscar Montes advirtió ni bien llegó al cargo la necesidad de reformar esa ley ante la precaria situación económica del departamento, los alcaldes recién posesionados entendieron que habría que negociar y se abstuvieron de utilizar el mecanismo excepto el alcalde de Padcaya y expresidente de la Asamblea, William Guerrero, que si aplicó un débito.

Finalmente, no ha habido negociación alguna y Unidos ha aplicado su mayoría parlamentaria conseguida a base de alianzas emulando el rodillo que tantas veces utiliza el MAS en sus votaciones a todos los niveles, por lo que el disgusto entre los munícipes es mayúsculo, ya que además no solo deja sin efecto el débito automático y ajusta el cálculo a las regalías efectivamente cobradas, sino que permite la ejecución a través de los subgobernadores o de otras organizaciones indígenas o campesinas.

El MAS ha perdido una batalla que en otro momento ganó por las cuestiones aritméticas parlamentarias que emanan de las ánforas, ahora bien, harían bien los alcaldes en proyectar su enojo hacia el nivel superior, el del Gobierno central, que es el que debe garantizar los recursos de la autonomía municipal, que por el momento son precarios sobre todo para los municipios chicos. Urge un Pacto Fiscal, y mientras tanto, de nada sirven los bloqueos.