La primera consecuencia del prematuro rechazo al resultado de las fallidas elecciones 2019 fue la quema de cinco tribunales electorales departamentales (TED). Los movilizados por el “fraude” se estrenaron con ese acto vandálico. El asunto volvió al debate político con la detención del primer acusado en Potosí por tal delito. La Fiscalía, de manera conveniente, se tomó su tiempo.

Si bien la narrativa del “fraude” se lanzó meses antes de los comicios, la noche del 21 de octubre tomó cuerpo, como profecía autocumplida, tras el error monumental de los entonces vocales del TSE de suspender la transmisión de resultados preliminares. Así, al amparo de dos conteos rápidos realizados por entidades privadas, los derrotados en las urnas descalificaron el proceso, exigiendo segunda vuelta. Incluso la misión electoral de la OEA asumió el guion, ratificado después en sus informes.

La movilización contra las elecciones, que se prolongó por 21 días y derivó en el derrocamiento del expresidente Morales, empezó con ataques a las instalaciones del organismo electoral. Así, con la inacción o venía de la Policía, se quemaron los tribunales de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Potosí, y se hicieron destrozos en Tarija. No hubo clara condena opositora ante estos actos de vandalismo. Y el Ministerio Público hizo el ademán de investigar, sin ningún resultado en esa coyuntura crítica.

Llama la atención por ello que ahora, más de dos años después, se esté actuando finalmente por la quema de los TED. El trámite no es reciente. Como sea, el exdirigente cívico y excandidato vicepresidencial Marco Antonio Pumari está con detención preventiva por seis meses. Se lo acusa por su presunta participación en la quema del TED Potosí. La denuncia la hizo en su momento el mismo Tribunal Electoral Departamental, sin identificar responsables. Un exvocal, y un video, lo sitúan en la escena.

A reserva del curso que siga el proceso de investigación, y de sus implicaciones políticas desde el bloque opositor que acusa al MAS de “dictadura”, las interrogantes inevitables son por qué la Fiscalía se tomó tanto tiempo para tramitar el caso en Potosí y en qué situación están las denuncias por la quema de los otros TED. Claro que también se debe preguntar sobre los responsables de las quemas de noviembre: domicilios particulares, casetas policiales, buses. El dato hasta ahora es de impunidad.

Una señal preocupante sobre las primeras reacciones por la detención de Pumari es que los opositores convocados a una fallida reunión en Potosí, además de exigir su liberación y la reforma de la justicia, pusieron en primera línea de sus demandas la auditoría a las elecciones 2020, la renovación de todos los actuales vocales electorales y un nuevo padrón. Ojalá que estos planteamientos se gestionen de manera pacífica y democrática y no necesitemos lamentar una nueva quema de tribunales electorales.