Marco Antonio Pumari, el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que en 2019 fue uno de los actores principales en las movilizaciones que derivaron en la renuncia a la presidencia de Evo Morales, deberá permanecer en prisión hasta junio de 2022, acusado de obstaculizar un proceso electoral que fue anulado, es decir que no es válido.

La acusación del Ministerio Público sostiene que el líder cívico cometió el delito de “obstaculización de procesos electorales”, que se encuentra estipulado en el artículo 238, inciso h, de la Ley de Régimen Electoral.

El mismo establece que “La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos (2) años”.

A Pumari se le acusa de haber alentado la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) Potosí el 22 de octubre de 2019, cuando en varias capitales del país había desbordado el malestar popular por los indicios de fraude electoral que luego fueron confirmados por una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Justamente debido a ello, el 24 de noviembre de ese año fue aprobada la Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que en su artículo 2 establece que: “Se deja sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados”. O sea, Pumari habría obstaculizado un proceso que no es válido.

Para sostener la acusación contra el excívico, se informó que había varios testigos que lo identificaron como responsable de alentar la quema de las instalaciones del TED- Potosí, entre ellos funcionarios de esta institución.

Sin embargo, el entonces presidente del TED  Julio Mujica  dijo que si bien iniciaron una acción legal por la quema de esas instalaciones, nunca identificaron a Pumari ni a nadie como responsables de ese hecho. Tanto es así que poco después el excívico potosino fue habilitado por los mismos vocales para postular a la vicepresidencia del país.

Algo más, un medio potosino reveló que una senadora del MAS se reunió con el juez que finalmente dispuso la prisión preventiva de Pumari en el penal de Uncía, zona que es considerada un bastión del partido oficialista.

Con estos antecedentes, se podría considerar a Pumari otro preso político, tal como lo es la expresidenta Jeanine Añez.