Con ese título que lleva como premisa: “balance y perspectiva”, se realizó recientemente un foro organizado por el Tribunal Electoral que se hizo efectivo con el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esa ocasión, con la Constitución en sus manos, los integrantes del Tribunal Electoral que organizaron dicho foro, debieron hacer conocer cómo están en la actualidad “la Democracia y la Gobernanza” en Bolivia.

El Tribunal Supremo Electoral debe ejercer sus funciones dando estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, independientemente de opiniones contrarias a la suya. Quebrantó esa regla en dos ocasiones.

Al término de dos gestiones consecutivas correspondientes al mandato otorgado al presidente de la República, Evo Morales, tuvieron los entonces integrantes del Tribunal Supremo Electoral ocasión por primera vez de actuar con independencia de criterio. Concluidas esas dos gestiones, el gobernante estaba impedido de presidir el Estado en otro período constitucional por imperio de la Constitución, pero se empeñó en ello.

A fin de lograr ese propósito, solicitó al Tribunal Constitucional, por intermedio de algunos parlamentarios, que declaren totalmente legal esa posibilidad, En abyecta sumisión al Poder Ejecutivo, ese guardián de la Constitución, declaró que la primera de esas dos gestiones tuvo origen en el régimen constitucional anterior y que, en consecuencia, el cómputo de períodos de gobierno debe efectuarse únicamente en relación a las normas de la Constitución actual.

Ante esa aberrante resolución, correspondía a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral rechazar de plano esa violación de la Constitución y exigir el estricto cumplimiento de la regla establecida que permite la reelección de gobernantes una sola vez de manera continua.

Contrariando a la Constitución, Evo Morales fue electo para presidir la República en una tercera gestión. Luego, con ánimo de gobernar después nuevamente, a fin de introducir con ese propósito una enmienda a la Constitución, hizo una consulta al pueblo soberano mediante referéndum, Su insólita petición fue rechazada.

Ese repudio no impidió su anhelo de continuar gobernando. Pidió, igualmente a través de parlamentarios, que el Tribunal Constitucional declare que la regla que pone plazos para ejercicio de la función de gobierno atenta contra los derechos humanos a que hace referencia el pacto de San José de Costa Rica. En vista de esa segunda transgresión a la norma, el Tribunal Electoral no debía permitir que se realice el acto pretendido.