La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Angélica Ruiz Vaca Díez conversó sobre las observaciones al padrón de votantes y el trabajo que se hizo junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer este registro. Anticipa los desafíos de la institución, entre ellos, la próxima elección judicial que ha estado marcada por los votos nulos.

 ¿Cómo se han subsanado las observaciones que realizó la OEA a las elecciones nacionales de 2019?

Mucha gente pensó que el análisis de la OEA sobre las elecciones de 2019 también involucraba al padrón electoral. Donde hubo observaciones fue en el tema informático, por eso hicimos un diagnóstico institucional para ver cómo estábamos en el ámbito de la tecnología. Luego del mismo, catalogamos los niveles de riesgo en los cuales estábamos y los que se encontraban dentro de un nivel crítico, a los cuáles se les realizó una ruta crítica para implementarles mejoras, como ser, protocolos, cambios de infraestructura y una reingeniería de todo el sistema de energía, a nivel nacional, entre otros.

La OEA también recomendó que, en todo el proceso electoral, sean dos las firmas auditoras las que lo acompañen, antes, durante y después del mismo, concluyendo que se tuvo un sistema electoral robusto. También se promovió la observación electoral, que aglutinó a varias organizaciones civiles y voluntarios que conformaron brigadas para ir a las zonas más conflictivas, para de ahí, hacer su reporte sobre la calidad del proceso electoral. Esta fue una iniciativa que me gustó porque se involucró a la ciudadanía en un concepto de democracia responsable.

_¿Cómo está ahora el padrón electoral?
El padrón cuenta con varios mecanismos de saneamiento y depuración, por lo que en ningún lugar me muestran que equis población, que tuvo un crecimiento poblacional, ha tenido como preferencia de voto a una sola organización política. Además, el mismo padrón de 2020 fue utilizado en 2021, cuando se le incorporó a los (votantes) de 18 años y se quitó a los muertos y el comportamiento de votación es completamente distinto, por lo que, si fuera un padrón manipulado, se tendría un solo comportamiento.

Para evitar que haya registros precargados o votantes fantasmas, como Órgano Electoral dijimos que la mejor forma de autentificar el registro de votantes es ir al Sereci, que es validado por el ciudadano día a día, con un aproximado diario de 8.000 personas, a realizar todo tipo de trámites. Todo esto nos muestra que es un registro vivo que tiene movimiento, por lo que se ha realizado un contraste entre los empadronados con su vida civil, asociándolos.

_¿Existe un crecimiento desmedido en el padrón?
Hay un crecimiento porque se tienen datos reales, pero cuál es el criterio para medir el comportamiento humano si se dice que es desmedido. También tiene que referirse al comportamiento de migración que existe. Por ejemplo, la zafra de caña en Santa Cruz moviliza a 30.000 familias, donde el 50% es de Santa Cruz y el resto de Potosí y Chuquisaca, entonces se tiene que ver también si el tiempo de zafra coincide con la época electoral. Entonces, si se va a poner algún apelativo al padrón, éste debe ser justificado y analizado a través del comportamiento humano, y no en base a un cálculo matemático, sino con las siguientes variables: migración interna, subregistro electoral o el problema de la indocumentación y la temporalidad.

_¿A qué se atribuye la crisis de credibilidad que tiene el Órgano Electoral?
Eso tendrían que responder otras personas, pero lo que sí podemos mostrar, como ente electoral, es que hemos generado institucionalidad, debido a que todo con lo que contamos es verificable. Un ejemplo es que tenemos el padrón abierto para que vayan y revisen, pero no se lo va entregar porque tenemos que resguardar los datos privados de las personas. ¿Qué interés legítimo tiene un político para saber quién es tu esposa, tus hijos o tus padres?

Entonces, cómo se ha hecho compatible la transparencia con la protección de datos, abriendo en la institución ese acceso, con controles. Ahí pueden verificar los resultados finales, pero no los datos personales. Todas las búsquedas que se realizan quedan registradas en la página web del Órgano Electoral. Además, cabe aclarar que todos los que nos han visitado no han realizado ningún hallazgo, entonces esto genera una situación de demagogia política porque si el resultado no me es favorable, es más fácil golpear al árbitro y echarle la culpa al otro.

_Se anunció que se haría una actualización de la plataforma biométrica, pero entendemos que les recortaron el presupuesto que iba a ser asignado. ¿Qué se hará ahora?
Todo software, aunque esté bien mantenido, tiene un periodo en el cual es importante actualizarlo y el que tenemos es de 2009, por lo que la plataforma necesita ser actualizada con versiones de mayor funcionalidad. El año 2020, hicimos la licitación de la actualización de esta plataforma que tenía un costo de 30 millones de bolivianos y lastimosamente se declaró desierta. Entonces, este 2021 se volvió a presupuestar, pero nos recortaron el mismo.

Esperemos que en 2022 nos den ese presupuesto, porque en esta actualización, además de tener un registro del 100%, que puede estar acompañado de una observación y auditoría, permite contar con una mayor funcionalidad. La biometría que en plataforma permite ser precisa a partir de los 16 años (de edad), con esta plataforma la tendré desde los siete años, lo que significa que tengo a ciudadanos bolivianos con una biometría única que me va a permitir darles mejores servicios porque si ya tengo su biometría, ellos serán la clave de acceso a sus datos.

_¿Cómo se puede generar confianza entre el Órgano Electoral y las agrupaciones políticas?
Con los delegados de las organizaciones políticas se ha tenido buena relación, sobre todo en mesas donde de manera consensuada se ha establecido la fecha para las elecciones, por lo que en el ámbito formal se tiene buena relación con las organizaciones políticas. Pero es afuera, en la demagogia y las redes sociales, que salen y nos dan de todos lados.

Ahora, lo que más me preocupa es la cantidad de desinformación malintencionada que va principalmente por internet y ahí es un problema de todos, relacionado con la educación ciudadana y ver lo que consumes, principalmente, en redes sociales porque se tiene mucha información, pero no sabes cuál es real y cual no, siendo el único filtro uno mismo para buscar la fuente.

Pero, si no te das el tiempo para buscar la fuente, vas a creer todas las situaciones de mentira, por lo que ahora el gran reto que se tiene es saber, cómo debemos formar a los ciudadanos para que sean personas de criterio, donde cuenten con su propio filtro y no sean influenciables.

Además, lo que pasa en el ámbito digital no es lo mismo que sucede cuando se lo hace cara a cara, porque ahí tienes un marco de respeto, pero en lo digital, como es anónimo, vale todo y no existen normas.

_¿Cómo se va a cubrir el espacio de la vocal Rosario Baptista? ¿Por qué Dina Chuquimia ha sustituido a Salvador Romero?
Son seis los vocales electos por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y uno es designado por el Órgano Ejecutivo. Salvador Romero fue designado por este último y renunció, por lo que el Ejecutivo tenía la potestad para poner a su reemplazo.

En el caso de la vocal Baptista, cuando nos eligieron a los vocales, lo hicieron tanto a titulares como suplentes, por lo que la norma establece que solamente se convoca al suplente cuando no hay quorum, que se hace con cuatro vocales, y en este momento la sala plena cuenta con el quorum correspondiente, por lo que una obligación legal para poner a alguien no la hay.

_Al año se realizan las elecciones judiciales. ¿Qué hace falta para que sean creíbles?
Las elecciones judiciales van, pero la cantidad de votos blancos y nulos es altísima, y este es otro de los ejemplos que demuestra que no existe manipulación o los fantasmas. Por otro lado, creo que las elecciones judiciales son un tema complejo y a lo que yo apuntaría es a la meritocracia.

Para eso, es importante volver institucionalizar la carrera judicial, con lo que realmente se elegirían a las personas por su idoneidad profesional. Entonces, creo que los términos de calificación, para cada uno de estos ítems, sería muy importante para dar una cierta certeza a la capacidad de los postulantes, pero eso no lo vamos a decidir nosotros, sino que se lo tiene que hacer en una gran mesa de diálogo, donde tendrían que participar varios actores, entre ellos los funcionarios judiciales, para analizar la metodología de selección de los candidatos.

_El MAS aprobó un estatuto en el que dispone que para ejercer cargo público es necesaria la militancia partidaria ¿Es constitucional y correcto limitar el trabajo al militante?
En la resolución del TSE fuimos muy claros al precisar que el estatuto solamente rige a los militantes, por lo que no puede hacerlo a otras personas que no sean militantes. La función del Órgano Electoral es registrar los estatutos, en el marco del cumplimiento que establece la Ley 1096, y ver si cumple estos acápites para registrarlo.

Otra cosa es la democracia interna dentro de la organización política, ahí únicamente observamos que el marco y la regla del juego, según cada uno de los estatutos, se cumplan. Por lo tanto, el estatuto rige solamente para quienes son militantes y esto no es solamente el caso del MAS, sino de otras organizaciones políticas.

_¿Qué ruta de trabajo se proyecta para 2022?
Vamos a seguir afianzando los sistemas tecnológicos, para brindar seguridad y consolidar más el padrón electoral. También se verá el tema del derecho y justicia electoral, que es otro ámbito en el que se tiene que trabajar muchísimo, modificando normas y leyes.

Se tiene que trabajar en lo que es la democracia de las organizaciones políticas, continuar con la consolidación de lo que es la participación cívica ciudadana, junto con estudiantes, y estamos lanzando el Observatorio de Democracia Cultural, que vendrá a ser un espacio para priorizar estos temas e involucrar en forma plural a todos los grupos sociales.

Perfil

La vocal del TSE tiene dos licenciaturas: una en Derecho y la otra en Filosofía. Además, tiene tres maestrías y una decena de diplomados en Gestión Administrativa, Gestión Pública, Contrataciones y otros. En lo profesional, trabajó desde el 2002 al 2008 en la extinta Corte Nacional Electoral y es docente universitaria.