Todos los bolivianos sabemos perfectamente que Evo Morales hará todo lo que tenga que hacer para quedarse en el Gobierno a como dé lugar, así como también sabíamos que intentarían deshacerse, a la mala, de quien osara interponerse entre ellos y la indispensable impunidad del poder indefinido.

La vergonzosa acusación fabricada por el Gobierno contra Carlos Mesa no es entonces una sorpresa para nadie, lo que no significa que no se trate de un nuevo y colosal error de cálculo político del presidente Morales y de su entorno más cercano.

La estrategia del MAS para eternizarse en el poder tiene tres etapas: la primera fue el fallo del Tribunal Constitucional en noviembre pasado, que supuestamente habilita la candidatura de Morales; la segunda, en actual ejecución, es limpiar el camino electoral eliminando adversarios mediante el uso político del sistema judicial con acusaciones y juicios a diestra y siniestra. 

La tercera etapa implica enfrentar a una sociedad civil dispuesta a defender el voto del 21-F, y ya ha sido activada a través de una virulenta campaña de desprestigio de las plataformas ciudadanas, liderada por el propio presidente.

La decisión de quedarse por las malas y la manera de hacerlo están muy claras, pero el problema que enfrentan es que todo les está saliendo mal. Probablemente lleguen a donde quieren llegar en ese camino antidemocrático y antipopular, pero, de seguir así, llegarán pagando costos tan altos, que de cualquier manera pondrán en duda se descabellada apuesta.

El error de cálculo de los tiempos políticos cometido al juntar el fallo del TCP con las elecciones judiciales y la aprobación del Código Penal no solamente resultó en una tremenda derrota política, sino que desencadenó una nueva ola de resistencia ciudadana que se expresó en la potencia de las movilizaciones del último 21-F en todo el país.

El intento que hacen ahora de tapar el caso Quiborax, que no es otra cosa que uno de los episodios más escandalosos de negligencia y corrupción de la última década, aprovechando la ocasión para enjuiciar e inhabilitar a Carlos Mesa, es otra chambonada que los está conduciendo a una victoria pírrica e incluso a un callejón sin salida.

Nadie en su sano juicio hubiera podido escoger un camino más equivocado para intentar enlodar la robusta imagen del expresidente Mesa, y aun así el Gobierno entero se ha dejado arrastrar a ese terreno, en el que les será imposible demostrar de manera creíble la culpabilidad de los acusados.

Muy al contrario, lo que habrán conseguido es fortalecer aún más la popularidad y la intención de voto de Carlos Mesa y de paso blindar sus eventuales vulnerabilidades, en la medida en que nadie creerá las próximas acusaciones que puedan tener preparadas en su contra.
A estas alturas, está claro que el Gobierno ha perdido toda la sensibilidad y la capacidad política para ejecutar su estrategia de poder indefinido, y nos ofrece el triste espectáculo de un régimen agonizante, dando manotazos de ahogado.

No era este el final que se esperaba de un proceso que recogió lo mejor de la energía social acumulada durante tanto tiempo y que tuvo las mejores oportunidades posibles para escribir una historia distinta.