Líderes cívicos de Potosí escondidos de la persecución judicial, una marcha en su defensa y un cabildo nacional en preparación para el 15 de enero configuran, para las próximas semanas, una perspectiva conflictiva atizada por algunas autoridades gubernamentales y dirigentes del MAS, a pocos días de las fiestas de fin año.

Desde la aprehensión del exlíder cívico Marco Antonio Pumari, la Villa Imperial se ha constituido en el centro nacional de las protestas en contra del gobierno de Luis Arce. En rigor, Potosí ya venía demostrando su peso específico como región opositora desde 2019, cuando se resistió fuertemente al fraude electoral con el que se pretendió extender el mandato de Evo Morales.

En aquel entonces ocurrió con Pumari; ahora, una mujer, Roxana Graz, a la cabeza del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en ausencia de Juan Carlos Manuel, tomó la palabra, fuerte y claro, para rechazar las últimas decisiones del Gobierno, que movilizó a 2 mil policías hasta la Villa Imperial para buscar a tres personas.

A Manuel se le adjudica la redacción de una carta enviada desde la clandestinidad. “(Quiero) pedirles que nunca, nunca nos dejemos intimidar por estos hechos irregulares judicializados por el Gobierno. No es más que el miedo que tienen que se sepa la verdad de las auditorías que estamos pidiendo los bolivianos a las elecciones de 2020”, dice la primera parte de ese manuscrito.

No sólo Manuel, también el presidente del Comité de Movilizaciones de Comcipo, Ramiro Subia, se encuentra en la clandestinidad.

Mal síntoma para un país que algunos de sus principales dirigentes opositores tengan que resguardarse de una persecución judicial que se parece cada vez más a un acto de venganza política.

Esto último se puede inferir de las declaraciones de, por lo menos, un par de ministros que, como parte de lo que ya es su costumbre, no demuestran tener un afán de justicia desde sus importantes lugares de trabajo, tal cual se lo señala la función pública, sino que, por el contrario, están empeñados en perseguir políticos contrarios a su línea partidaria.

Según esa lógica, el que no se identifica con el partido en función de gobierno, atreviéndose además a encabezar algún movimiento de protesta o medida de presión, se pone inmediatamente en el punto de mira de la Policía, de la Fiscalía y de jueces a la orden del Ejecutivo.

Un Ejecutivo cuyas autoridades, especialmente las encargadas de Gobierno y Justicia, parecen estar preocupadas por el futuro de sus funciones, pues los cambios en el Gabinete están anunciados para dentro de poco más de un mes. Tiempo en el que intentarán “hacer méritos” para conservar sus cargos. Y eso significa más persecución a quienes cuestionan las acciones del oficialismo.