La decisión del fiscal general de instaurar un juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa evidencia que el régimen se mueve al margen del Estado de derecho. La repostulación ilegal del presidente Evo Morales va de la mano con el intento de eliminar a un candidato potencial que, hoy día, sería el único que le ganaría, en segunda vuelta, en unas elecciones. La criminalización de la política es una versión suave de la represión activa de las dictaduras, pero busca lo mismo: mantener el control del poder por encima de la voluntad popular.

Hace meses comenzó una campaña contra el vocero de la causa marítima; se lo aisló de las reuniones del equipo jurídico que terciaba en La Haya. El objetivo del régimen era mostrarlo como un enemigo al que en el futuro le dirían, entre otras cosas, que malgastó el costo de los pasajes a La Haya, pero esas acusaciones absurdas no tendrían asidero; había que buscar una otra.

El ministro de ‘Justicia’, Héctor Arce, encontró el ‘tema’ que necesitaban para juzgar al expresidente: la reversión de la concesión a la empresa chilena Quiborax para explotar la sal de litio del salar de Uyuni. La reversión se realizó debido a que esa  empresa chilena la había conseguido de manera irregular y, además, explotaba la sal de litio sin pagar los impuestos correspondientes; posteriormente, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, mediante nuevos decretos, enmendó los problemas de procedimiento que podrían existir. 

Sin embargo, Arce no se dio cuenta de que el diablo está en los detalles y resulta que su acusación está plagada de irregularidades, como la falsificación de un acta de fundación de la empresa Quiborax, lo que de hecho cualquier tribunal idóneo anularía el proceso hasta un acuerdo de conciliación por tres millones de dólares, monto que, de manera extraña, los funcionarios del régimen se negaron a pagar.

Posteriormente hubo otro por 24 millones de dólares y no los 42,6 millones que finalmente pagaron. Pero, además, la funcionaria de Arce que oficiaba como subprocuradora y encargada de las negociaciones (Llorenti) filtró información a los negociadores chilenos; y, finalmente, el acuerdo, que es sellado con un apretón de manos, es entre Menacho, el procurador general de Bolivia, y Allan Fosck, el abogado de la empresa chilena, que también es asesor del Gobierno chileno en la demanda marítima que se ventila en La Haya. Corrupción y traición podrían ser los adjetivos que ilustran la forma de actuar de los funcionarios del régimen.

¿Optó Evo Morales por pactar con los agentes chilenos con el objetivo de eliminar a un candidato que es el único que podría ganarle en unas posibles elecciones, a fin de mantenerse en el poder? ¿Sabía Morales del pacto con un abogado chileno al que se le entrega los $us 42 millones y que es el asesor del equipo chileno frente a la demanda boliviana en La Haya? Aun a sabiendas, ¿cuál fue su reacción cuando le explicaron las consecuencias que podría tener el juicio contra Mesa? ¿Se alegró y ordenó sacarlo del juego electoral por la vía legal? Estas preguntas nunca tendrán respuesta, pero los hechos dicen que, efectivamente, el presidente Morales escogió ese camino con el fin de reelegirse.

La acusación pasará en tiempo récord a consideración de la Asamblea Plurinacional, que ya está trabajando con un informe de acusación; se reunirá la Asamblea y después de un par de horas se declarará la acusación y se la pasará al tribunal de justicia. 

La apuesta es muy alta, criminalizar la justicia y pactar con los representantes chilenos pueden hacer cambiar la imagen del Morales defensor de la causa marítima por otro pactando con los chilenos para ‘decapitar’ a su contrincante electoral..