Al menos seis hechos demuestran que el Movimiento al Socialismo (MAS) emplea grupos de choque y del denominado “control territorial” para contener las movilizaciones de la oposición. Analistas coinciden en que esas acciones implican transgresiones a los derechos. El oficialismo, en cambio, las justifica.
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Analistas coinciden en que el oficialismo está en la lógica de que ninguna manifestación social opositora crezca, por eso la sofoca. Consideran que esas acciones implican transgresiones a los derechos.
Al menos seis hechos demuestran que el Movimiento al Socialismo (MAS) emplea grupos de choque y del denominado “control territorial” para contener las movilizaciones de la oposición. Analistas coinciden en que esas acciones implican transgresiones a los derechos. El oficialismo, en cambio, las justifica.
Entre los recientes hechos está lo ocurrido el 30 de noviembre cuando Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, denunció que el MAS movió a “sus grupos de choque” al Aeropuerto de Tarija para impedir que hable de federalismo. Al día siguiente, un grupo de personas arrojó huevos al vehículo en el que se trasladaba el político hasta la plaza Luis de Fuentes, donde debía dar una conferencia. En el lugar se registraron peleas entre quienes estaban a favor y en contra de su visita.
El martes se registraron bloqueos en Betanzos (Potosí), y en vías alternas, para impedir que líderes de la oposición asistan a la cumbre, marcha y posterior cabildo que organizó el Comité Cívico Potosinista tras la detención del excívico Marco Pumari.
Los otros hechos son la arremetida de afines al MAS contra una movilización en apoyo a la expresidenta Jeanine Añez tras su detención (marzo), el ataque de grupos de choque a una marcha que se opuso al cierre del caso fraude (agosto), la violencia que se desató después de que afines al oficialismo se plantaran frente a la caravana que lideró la Apdhb para pedir liberación de Añez (agosto) y los grupos de choque desplegados en el paro contra el proyecto de ley de antilegitimación (octubre) y la Ley 1386 (noviembre).
Caso Betanzos
La senadora de Creemos Centa Rek sostuvo que el martes la Policía les hizo un seguimiento desde el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz), desde donde partieron Camacho y legisladores de Creemos hacia la capital, para luego dirigirse a Potosí, por vía terrestre, para asistir a la cumbre. A su llegada a Sucre –indicó–, uniformados los retuvieron para sacarles fotos y fue en la ruta hacia Potosí donde sufrieron el corte de vías.
“Cuando estábamos en Potosí, los vehículos en los que íbamos también eran fotografiados y se comunicaban por celulares. Estas personas coordinaban con la Policía. Tratamos de persuadir a los bloqueadores, pero se pusieron agresivos y llamaron a más personas que tenían armas blancas y dinamitas. Hicieron explotar una dinamita para demostrar de lo que eran capaces”, detalló Rek.
Las otras acciones
El marzo, tras la detención de Añez, grupos afines al partido azul se movilizaron contra manifestantes que respaldaban a la exmandataria. Ocurrió en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y en la Fiscalía.
Otro hecho aconteció el 5 de agosto, cuando afines al MAS y funcionarios agredieron, en inmediaciones al monoblock de la UMSA, a opositores y activistas que pretendían movilizarse en rechazo al cierre del caso fraude. 20 días después, en Miraflores, un grupo de choque se plantó frente a una caravana, impulsada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) para pedir la liberación de Añez. El encontronazo acabó en un violento enfrentamiento.
Los grupos de choque también fueron articulados en el paro del 11 de octubre en contra del proyecto de Ley 218 de antilegitimación, y en el paro indefinido, en noviembre, en contra de la ahora abrogada Ley 1386, considerada “ley madre”.
El senador del MAS Félix Ajpi justificó las movilizaciones de afines al partido azul y dijo que surgieron a raíz de una “molestia de la población”. “Ahorita el pueblo boliviano no está presto para ninguna movilización ni paros ni bloqueos. Un año nos hemos bloqueado, por lo tanto, hay que proteger la economía”, aseveró.
¿Transgresión a derechos?
El analista político Paul Coca manifestó que estas acciones evidencian con claridad que masistas despliegan a grupos de choque; además, que aplican el control que tiene en territorios para evitar las protestas opositoras.
“El Gobierno debería actuar porque estas acciones atentan contra derechos. El control territorial que ejerce el MAS no es sólo en protestas, está también en las campañas, hay zonas rojas donde la oposición no entra”, manifestó.
El politólogo Franklin Pareja expresó que el Gobierno asume el talante de regímenes “totalitarios y dictatoriales”. Añadió que incluso muestra actitudes fratricidas, porque enfrenta a ciudadanos, además de vulnerar el derecho a la protesta y a la libre locomoción.
“El Gobierno está en la lógica de que ninguna manifestación social opositora crezca, la sofoca inmediatamente. Por eso cuando sale una expresión ciudadana, inmediatamente van sus grupos de choque y los aporrean y eso muchas veces con anuencia de la Policía. Entonces, se está proscribiendo la libertad”, afirmó.
“En Bolivia emplean estrategia chavista”
Margarita López Maya, historiadora venezolana e integrante del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, manifestó que el gobierno de Bolivia emplea estrategias similares a las del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela para anular las protestas ciudadanas y de la oposición.
Detalló que en Venezuela, durante 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia, articuló a los denominados “colectivos” (grupos paramilitares) como guardias de las alcaldías para aplacar a sus contrarios. Agregó que estas agrupaciones de simpatizantes chavistas ahora tienen el control de varias regiones.
“Es el modelo de autocracia que ha emergido con el modelo nicaragüense, cubano, venezolano. Este modelo tiene sus diferencias, pero tienen un patrón común, que es la utilización de grupos cívicos armados para amedrentar a todo el que no piense como ellos. El modelo autocrático del socialismo del siglo XXI no comulga con los principios de pluralismo ni la alternancia”, expresó López al periódico Página Siete.
Un encontronazo entre movilizados y afines del MAS. Foto: APG
Durante este año, en las protestas de cívicos y activistas bolivianos contra medidas del Ejecutivo, se articularon grupos de choque para desbloquear rutas y contrarrestar marchas. Esto en muchos casos frente a la inacción de la Policía.
La experta del país caribeño indicó que los “colectivos” chavistas actúan con la complicidad de las Fuerzas Armadas y policiales.
“Es parte de una idea que tienen de una alianza cívico, policial y militar. Viene acompañado con la idea de que el pueblo debe estar movilizado y en armas, para violar los derechos a la libre expresión, diversidad y pluralismo”, complementó.
