Pese a afirmaciones del Gobierno sobre el respeto al debido proceso en Bolivia, el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, legistas afirman que la gran mayoría de los procesos que instauró el Gobierno por el presunto caso de “golpe de Estado” y otros vulneran los derechos fundamentales de las personas, además de principios y normativa universales.

Durante esta gestión, organismos internacionales cuestionaron la labor de la justicia boliviana por su falta de independencia y sometimiento al poder político.

Human Rights Watch (HRW), la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) demandaron la necesidad de una reforma judicial.

“Todos los procesos que concierne al Gobierno en sus diferentes carteras de Estado, ya sea Ministerio de Gobierno, ya sea Ministerio de Justicia o inclusive la Procuraduría General del Estado (PGE), de todos los casos, los procesos (por presunto golpe de Estado y otros) son anormales, no tienen normalidad, no tienen regularidad”, sostiene el abogado especialista penal Ever Vera.

Desde la llegada a la administración de Luis Arce con el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), la justicia lleva adelante una serie de procesos contra exautoridades del Gobierno transitorio, a denuncia de exasambleístas del MAS, como Lidia Patty; el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, además de la adhesión de entidades gubernamentales, entre otros.

De acuerdo con informes, en la actualidad hay más de 20 personas con detención preventiva en diferentes penales del país.

Según la percepción de los abogados, el Gobierno vulneró elementos fundamentales del debido proceso desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se refiere sólo a la materia penal, sino al respeto de los derechos humanos.

Entre los principios del debido proceso se contempla el derecho general a la justicia, el derecho y principio general de igualdad, justicia pronta y cumplida, derecho a la legalidad, entre otros.

“Ya se está vulnerando el principio y la garantía de justicia igual, quiere decir que la ley es la misma para todos, ya sea premio o ya castigue. Pero aquí estamos viendo que, si uno es afín político, obviamente que no pasa nada, de que si uno tiene un gran poder económico, un gran poder político también es intocable. Al contrario, cuando uno es adversario político y no tiene muchos recursos económicos, tienen que atenerse a las consecuencias”, señala el constitucionalista Marco Antonio Baldivieso.

En manos de políticos

En ese contexto, Baldivieso dijo que en Bolivia no existe la garantía de justicia, toda vez que los políticos son los que determinan los procesos.

“Estamos en manos de políticos y no de jueces, ellos son los que determinan, deciden quién va preso, a quién se libera y a quién se le deja escapar. En Bolivia no podemos confiar en nuestro sistema judicial, no sirve nuestro sistema judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya no es garante de la Constitución y el Ministerio Público es ya un instrumento de persecución de cualquier gobierno de turno. Sobre eso hay que persignarse en la mañana y bueno hay que confiar en Dios, porque en la justicia boliviana ya no se puede confiar”, cuestionó el legista constitucionalista.

Instancias para acudir por violación de derecho

El abogado penalista Ever Vera señaló que ante la situación que viven los procesados en el país por los diferentes hechos de noviembre de 2019, éstos pueden activar denuncias ante la Corte Internacional Penal de La Haya o la Corte Federal de Estados Unidos, instancias que toman acciones coercitivas contra los Estados que vulneran los derechos de las personas. Aclaró que en estos casos no se requiere agotar todas las instancias ante la justicia boliviana, toda vez que, actualmente, organismos internacionales y naciones observan la vulneración de derechos de las personas.

“No se puede ir a la CIDH, porque no tiene una fuerza coercitiva; las resoluciones que emite la CIDH son recomendaciones, sugerencias que deben cumplir los Estados respecto a un determinado tema o caso a conocer entonces no tiene fuerza coercitiva, pero la Corte Penal de La Haya y la Corte Federal de los Estados Unidos toman acciones diferentes”, sostiene.

Agregó que todos los organismos internacionales y cortes internacionales al evidenciar que no existe justicia en un determinado Estado pueden admitir cualquier caso en el que se haya dado violaciones de manera flagrante e inminente a los derechos humanos.

“En el último tiempo, Bolivia está en el ojo de la tormenta a nivel mundial porque organismos internacionales ya se han referido al problema en Bolivia”, señaló.