DIBUJO LIBRE

Agotado su discurso coyuntural, hace unas semanas, el Gobernador de Santa Cruz lanzó, sin ninguna preparación ni reflexión, la antigua idea de discutir el federalismo como “una solución de fondo” ante el “centralismo del MAS”. “El masismo se ha hegemonizado en el Gobierno y juega con toda esa realidad, nos miente, nos divide y nos confronta solo para mantener ese poder en el centralismo”, dijo muy suelto de cuerpo, confundiendo organización del Estado con atribuciones de gobierno. Aquí unas reflexiones y datos históricos sobre cómo el tema del federalismo fue usado de pretexto para fines oscuros, mezquinos y sectarios, antecedentes que de seguro desconoce el atribulado gobernador.

Desde su fundación, sobre la base de las cuatro provincias altoperuanas que formaban la Real Audiencia de Charcas, Bolivia tuvo un tema irresuelto, que le acompañó durante los primeros 180 años de su vida republicana: la organización territorial del Estado; el fuerte debate entre centralistas y federalistas fue una constante durante casi dos siglos y fue usado como excusa para la movilización y la asonada militar en más de una ocasión. Basta recordar los debates entre Lucas Mendoza de la Tapia y Evaristo Valle en la segunda mitad del siglo XIX.

El federalismo fue utilizado por los liberales, encabezados por José Manuel Pando, para derrocar la hegemonía conservadora en la denominada Revolución Federal de 1899, una de las dos guerras civiles que vivió Bolivia. Bajo este argumento, Pando había hecho tres grandes promesas para conmocionar al país y lograr acabar con el conservadurismo del presidente Severo Fernández Alonso, las tres terminarían en graves traiciones. La primera promesa fue convertir al país en un Estado federal; concluido el enfrentamiento, Pando archivó la reforma en la Asamblea que se formó en diciembre de 1989, con el voto dirimidor de su afín Lucio Pérez Velasco. Los liberales se habían opuesto tenazmente a que los denominados Tratados de Transferencia suscritos con Chile en 1895, que eran favorables a Bolivia, entren en vigor; ellos planteaban la recuperación del litoral boliviano por la vía de las armas. Una vez en el poder, paradójicamente, fue el liberal Ismael Montes, sucesor de Pando, quien suscribió el ignominioso Tratado de 1904 con Chile; así se consolidó la segunda traición de los liberales. Pero, sin duda, la traición más grande fue a los indígenas dirigidos por Pablo Zárate Willca, que fueron utilizados para los fines políticos de los liberales. No se les concedió las reivindicaciones prometidas y, a más de ello, “Zárate, el Temible Willca” fue asesinado en su traslado de Oruro a La Paz, dizque en plan de fuga.

El 11 de enero de 1931 se dio en Bolivia un hecho sin precedentes. Por primera vez en nuestra historia, se llevó adelante un “referéndum popular”. En dicho acto democrático se aprobó, junto con otras ocho reformas, la descentralización políticoadministrativa del Estado; sin embargo, esta reforma fue la única postergada por el presidente Daniel Salamanca, supuestamente por la inminencia de la Guerra del Chaco. Nuevamente, Bolivia mantendría un sistema de organización territorial fuertemente centralista.

En la década de 1970, la lucha por las regalías petroleras departamentales, encabezada por el departamento de Santa Cruz, mostró una vez más la necesidad de modificar la organización territorial. Décadas más tarde, la reforma constitucional de 1995 aprobó un tímido y escueto cambio que establecía una falaz descentralización administrativa, de la cual derivó la Ley 1654, que hizo un remedo absurdo de descentralización, que no implicaba facultad legislativa para los departamentos, menos elección democrática de sus autoridades, manejo efectivo de sus recursos y peor competencias y facultades concretas.

Así planteadas las cosas, era obvio que este tema tendría una gran relevancia en el proceso constituyente refundacional que vivió Bolivia en 2006, y lo tuvo para bien de la nación. Empero, más allá del legítimo reclamo planteado, el tema fue abiertamente utilizado una vez más para enfrentar oriente y occidente con fines políticos poco claros de las élites que tradicionalmente habían gobernado la nación y que no aceptaban un cambio proveniente de un gobierno indígena. Así surgió el falso debate entre autonomistas y centralistas, no solo al interior de la Asamblea Constituyente, sino en todo el escenario político, cuando en realidad no había razón para ello. Bolivia iba a cambiar para bien su sistema de organización territorial.

La Constitución boliviana creó un innovador sistema jurídico-político con cuatro niveles de autonomía, siendo la más importante la departamental, que importó en realidad la nueva forma de organización territorial del Estado. Por primera vez, el nivel central cedió poder a los departamentos, no solamente en cuanto a organización política, eligiéndose directamente a autoridades ejecutivas y legislativas a nivel departamental, sino también en cuanto a organización económica, a través de un catálogo de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, que fue la clave para generar una autonomía ordenada y racional para el Estado.

Los gobiernos municipales resultaron fortalecidos con la nueva Constitución por varias razones: su sistema democrático de conformación fue ampliamente mejorado, poniendo como ejemplo solo el hecho de la elección de alcaldes y concejales en listas separadas; adquirieron capacidad legislativa en el ámbito de sus competencias. En los hechos, los municipios, principalmente rurales, adquirieron un gran rol protagónico, no solo por el nuevo marco constitucional, sino porque se convirtieron en el eje de una serie de políticas sociales características de un Estado social.

La autonomía regional se tradujo en un acto de justicia, de equilibrio y de igualdad para sectores como el Chaco tarijeño, que desde hace más de un siglo pretendió con justeza y razón tener un mayor grado de autodeterminación. Sin dejar de pertenecer a la estructura de nueve departamentos, la autonomía regional con capacidades ejecutivas trajo paz y unidad a las regiones, ratificando la existencia solamente de nueve departamentos, como manda el texto constitucional. La autonomía indígena originaria campesina, aún en proceso de desarrollo, fue la base para que los municipios por voluntad propia puedan convertirse en autonomías indígenas, adquiriendo capacidad de autogobierno sobre la base de usos y costumbres como fuente del derecho indígena.

Finalmente, en el marco de esta nueva forma de organización territorial, adquirió gran importancia el referéndum como mecanismo de democracia participativa. Fue introducido para aprobar estatutos autonómicos, cartas orgánicas, la conversión de las autonomías y la decisión final sobre los conflictos limítrofes, entre otros.

Consecuentemente, lo que corresponde ahora no es hablar por hablar, no es tratar de confundir, no es hacer lo que se hizo tantas veces en Bolivia, usar un pretexto para fines espurios.

A la luz de la lógica, la razón y la verdad, hoy, Bolivia tiene un modelo de organización territorial que, más allá de cómo lo denominemos, es más justo, liberador, genera amplias capacidades para los departamentos y, lo más importante, nos hace una Nación más firme y unida. Lo que corresponde es continuar implementando este modelo adquirido por la voluntad del pueblo y, en todo caso, perfeccionarlo. El debate está abierto.

 (*)Héctor Arce Z. es abogado, actual representante de Bolivia en la OEA