Lamentablemente, la paz en el país nunca es completa. Cuando, después de los consecutivos paros en contra de unas leyes, parecía haberse apoderado de todos los rincones del territorio nacional, de pronto surgió la idea de marchar de Callacollo a La Paz —algo que no tenía ningún sentido— y, ahora, amenazan con hacer algo similar a Sucre (y antes también advirtieron con movilizarse a Santa Cruz).

Pareciera que los políticos viviesen de crear tensiones, no tanto de crear las mejores condiciones para el desarrollo armónico de las familias bolivianas.

La primera de las marchas mencionadas culminó con un apoteósico recibimiento en la sede del Gobierno, donde se pronunciaron discursos destemplados, a cargo del presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y, sobre todo, del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, hoy por hoy cuestionado incluso por sus propios pares.

Cuando se funden en una sola cosa el Gobierno con la dirigencia que debería cuidar los intereses de los trabajadores, pasa lo que está ocurriendo actualmente con la COB. De allí también las críticas y las exigencias de un cambio en la cúpula del ente matriz de los obreros.

De las mediciones de fuerza entre bandos políticos contrarios en las calles, con muestras de grandilocuencia incluso en las carreteras, solamente sale perdiendo la gente común y corriente, a la que no le importan esas disputas de poder. Lo que sí la indigna es el uso arbitrario y prepotente de ese poder, que se repite en estos días después de las muestras de lo mismo registradas en el gobierno de Jeanine Áñez.

Está visto que todo aquel que se proponga contradecir al Gobierno, o ponerse al frente de él, como ha ocurrido en su momento con el hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y después con el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, tiene serias posibilidades de ser perseguido por la justicia mediante la instrumentalización descarada de la Policía y el Ministerio Público. Ocurrió en el gobierno transitorio y está ocurriendo en el actual, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La intolerancia es uno de los grandes males del país. La clase política, así como de la dirigencia sindical y de organizaciones sociales, atraviesa por una severa crisis de representatividad, no haciendo —prácticamente en ningún caso— honor a sus dirigidos por lo mismo: un claro afán de beneficiarse a sí mismos o a cúpulas.

Ese descrédito ha debilitado a estas instituciones importantes para la democracia, sin contar con que no existe más un sistema de partidos en Bolivia, tal como bien lo denunció hace poco la exvocal del Tribunal Supremo Electoral Rosario Baptista.

Lo cierto es que la tregua virtualmente decretada por las fiestas de fin de año duró menos que un suspiro. Y aunque en los últimos días no hubo grandes sobresaltos, no pasa mucho tiempo sin que salga algún político o dirigente para romper la calma soltando una amenaza y remover viejos temores.

Hace una semana, en pleno centro tarijeño, unas personas se trenzaron a puñetes, en el marco de una serie de persecuciones contra Camacho, quien acababa de lanzar al país su propuesta de federalismo. La última de las muestras públicas de intolerancia. Y no lo marcamos porque se trate del líder opositor cruceño (pudo haber sido cualquier otro, del oficialismo o de la oposición, y un acto así siempre merecerá la misma censura).

Han llegado al punto de tomar un aeropuerto con tal de impedir la salida de ese personaje... ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué ese nivel de impunidad? ¿Todo está permitido cuando de intolerancia política se refiere? Por otro lado, ¿hasta cuándo los dirigentes de partidos y de organizaciones sindicales van a dirigirse a sus bases con discursos de odio y de confrontación? ¿Cuándo van a entender —si acaso lo hicieran alguna vez— que, con esas formas violentas de usar la palabra, solo están fomentando el enfrentamiento entre hermanos bolivianos?