Aunque sus voceros proclaman que lo que se pretende es impartir justicia, la verdad en torno a los sucesos de Potosí es que se ha producido, nuevamente, un quiebre de la institucionalidad democrática del país, de esos a los que el Movimiento Al Socialismo (MAS) nos tiene —lamentablemente— acostumbrados, quizás bajo el criterio de que “le meten nomás” y, tras lo sucedido, serán los abogados quienes resuelvan el entuerto. Pero las cosas saltan a la vista.
La toma policial de Potosí y la detención de expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, constituyen un abuso desde cualquier punto de vista, la prepotencia del poder en un acto de venganza luego de que la ciudadanía no aceptara el fraude electoral de 2019 y, dos años después, volviera a manifestarse en contra de un par de leyes.
El jueves por la noche llegaron a Potosí 2.000 policías de diferentes departamentos en busca de Marco Antonio Pumari. Lo sacaron violentamente de su vehículo, que quedó abierto y con la llave puesta. Estuvo desaparecido durante algunas horas, porque las explicaciones llegaron al día siguiente. El comandante general de la Policía, Johnny Aguilera, dijo que el operativo era para restablecer el orden en la capital potosina, donde no se había reportado ningún hecho de violencia que amerite semejante movilización. Para muchos habitantes de esa ciudad, fue un nuevo amedrentamiento a un pueblo históricamente sufrido durante las dictaduras militares de los 70 y los 80.
No solo buscaban a Pumari. Mandaron 2.000 policías para detener a tres dirigentes cívicos. En contrapartida, hace menos de un mes enviaron un contingente de apenas 20 uniformados a San Julián, Santa Cruz, donde se debía capturar a seis miembros de un grupo irregular armado que secuestró y torturó a 17 personas, entre productores, periodistas y policías. Ambos hechos demuestran la talla de lo que significa hacer justicia, hoy en día, en Bolivia. El rigor es para los opositores, no para los afines, aunque tengan conductas delictivas como las demostradas en Las Londras.
Pero volviendo a los abusos cometidos en Potosí, varios abogados coinciden en que la detención de Pumari es ilegal. Primero porque lo capturaron sin previa notificación y segundo porque el operativo fue a altas horas de la noche, cuando el Código de Procedimiento Penal prohíbe taxativamente los allanamientos nocturnos. El Ministerio Público intenta justificar su accionar, pero sus argumentos caen a la vista del sometimiento que sus miembros demuestran ante el poder político.
El abogado defensor de Pumari señaló que su cliente fue secuestrado y la figura parece ser esa porque no se supo de su paradero hasta varias horas después.
Y los abusos siguieron. A exlíder cívico lo llevaron primero a Betanzos y después a Llallagua para su audiencia cautelar. En esta última población fue escoltado por más de 20 policías y lo esperaba un grupo de choque afín al Gobierno. Su esposa lo denunció, pero no sirvió de nada. La excusa para este movimiento fue que en Potosí no había suficiente seguridad, ¿y los 2.000 uniformados enviados desde seis departamentos?
Pumari fue detenido al promediar las 21:30 del 9 de diciembre y se lo puso ante un juez recién al promediar las 17:00 del 11 de diciembre. Estuvo en condición de arrestado casi 40 horas, pese a que la ley dice que el tiempo máximo de esa condición es de ocho horas.
Existe, entonces, una larga cadena de ilegalidades. Preocupante porque si un gobierno es capaz de pasar por alto unas leyes, puede hacer lo mismo con otras, en detrimento de la institucionalidad democrática.
