Si una persona tiene deudas con la justicia, sin importar su cargo, estatus social, poder económico o influencias, debe ser procesada, cuidando el debido proceso, para que, ante un eventual juicio, se la condene o libere de culpa.
Por eso, es importante que la justicia, tan venida a menos en los últimos años, obre con independencia, sin ajustar sus fallos a las presiones de uno u otro sector, porque tiene que ser imparcial cuando se trata de juzgar a cualquier persona.
Sin embargo, en los últimos años se ha observado que existen presiones desde diferentes sectores, más aún cuando se trata de un proceso en el que están involucrados actores políticos que se declaran opositores al Gobierno, lo que provoca más de una susceptibilidad en la oposición, que denuncia persecución con el uso del sistema judicial.
En las últimas horas, el vicepresidente del MAS en Cochabamba, Gerardo García, advirtió que el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el expresidente Jorge Quiroga, caerán "uno en uno" en el marco de las investigaciones por el caso denominado “golpe de Estado”.
En este y otros casos, lo que debe quedar claro es que la justicia no puede ajustar los procesos o sus fallos al pedido de uno u otro sector, sino que debe guiarse de acuerdo a las pruebas que se presenten.
Por eso, es un desatino que los personajes políticos, sean de la oposición o del oficialismo, pretendan influir en la justicia, ya sea a favor o en contra de una persona acusada de haber cometido un delito.
Cuando existe este tipo de injerencia, la situación social, que ya está tensa por las rivalidades bastante pronunciadas entre oficialistas y opositores, se enrarece aún más.
García recordó que pidieron al presidente Luis Arce que “de una vez acelere la justicia, caiga quien caiga”.
Sin embargo, al margen de que este pedido tenga o no asidero, se debe permitir que la justicia realice su trabajo, de juzgar a las personas por los delitos que hayan podido cometer y no por su afinidad política.
Las investigaciones que se realicen en forma imparcial y sin tomar en cuenta de quién se trata arrojarán como resultado el fallo lo más justo posible.
El peor error que puede cometer la justicia es someterse a los dictámenes de los actores políticos porque eso acabaría deteriorando la tan alicaída imagen que tiene.
Es también, por eso, importante que se realice lo más pronto posible una reestructuración en la justicia, proceso en el cual debe participar la mayor parte de entidades para lograr acuerdos, en consonancia con las recomendaciones que vertieron organismos internacionales.
Solo así se podrá recuperar la confianza en la justicia, que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad que se precie de ser ecuánime y equitativa.
