Aunque sus voceros proclaman que lo que se pretende es impartir justicia, la verdad en torno a los sucesos de Potosí es que se ha producido, nuevamente, un quiebre de la institucionalidad democrática del país, de esos a los que el Movimiento Al Socialismo (MAS) nos tiene —lamentablemente— acostumbrados, quizás bajo el criterio de que “le meten nomás” y, tras lo sucedido, serán los abogados quienes resuelvan el entuerto.

Pero las cosas saltan a la vista.

La toma policial de Potosí y la detención de ex presidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, constituyen un abuso desde cualquier punto de vista, la prepotencia del poder en un acto de venganza porque los bolivianos no aceptaron el fraude electoral de 2019 ni las leyes que pretendía imponer un gobierno persecutor en esta gestión.

El jueves por la noche llegaron 2.000 policías de otros Departamentos a Potosí y literalmente cazaron a Marco Antonio Pumari, quien fue sacado violentamente de su vehículo, que quedó abierto y con la llave puesta. Estuvo desaparecido durante las primeras horas, porque las explicaciones llegaron al día siguiente. El comandante de la Policía, Johnny Aguilera, dijo que el envío de uniformados era para restablecer el orden en la capital potosina, donde no se había reportado ningún hecho de violencia que amerite semejante movilización. Lo que en realidad se impuso fue un amedrentamiento en un pueblo históricamente sufrido durante las dictaduras militares de los 70 y 80.

A Potosí mandaron 2.000 policías para detener a tres dirigentes cívicos, cuya única arma es la palabra. Sin embargo, hace menos de un mes enviaron un contingente de apenas 20 uniformados a San Julián, Santa Cruz, donde se debía capturar a seis miembros de un grupo irregular armado que secuestró y torturó a 17 personas, entre productores, periodistas y policías. ¡Cuánta diferencia! Ambos hechos demuestran la talla de lo que significa hacer justicia en Bolivia. El rigor es para los opositores, no para los afines, aunque tengan conductas delictivas como las demostradas en Las Londras.

Pero volviendo a los abusos cometidos en Potosí, varios abogados coinciden en que la detención de Marco Pumari es ilegal. Primero porque lo capturaron sin previa notificación y segundo porque el operativo fue a altas horas de la noche, cuando el propio Código de Procedimiento Penal prohíbe taxativamente los allanamientos nocturnos. El Ministerio Público intenta justificar su accionar, pero sus argumentos caen a la vista del sometimiento que sus miembros demuestran ante el poder político. El abogado defensor señaló que su cliente fue secuestrado y la figura parece ser esa porque no se supo de su paradero hasta varias horas después. ¿No es acaso parecida esa conducta a la demostrada por los militares que se llevaban detenidas a las personas de madrugada y con rumbo desconocido?

Y los abusos siguieron. A Pumari lo llevaron primero a Betanzos y después a Llallagua para su audiencia cautelar. En esta última población fue escoltado por más de 20 policías y lo esperaba un grupo de choque afín al gobierno. Su esposa lo denunció, pero de nada sirvió. La excusa para este movimiento fue que en Potosí no había suficiente seguridad, ¿y los 2.000 uniformados enviados desde seis Departamentos?

Pumari fue detenido al promediar las 21:30 del 9 de diciembre de 2021 y se lo puso ante un juez recién al promediar las 17:00 del 11 de diciembre. Estuvo en condición de arrestado más de 39 horas, cuando la ley dice que el tiempo máximo de esa condición es de ocho horas.

Existe, entonces, una larga y preocupante cadena de ilegalidades porque, si el gobierno de Arce es capaz de pasar por alto unas leyes, fácilmente lo hará con otras, en detrimento de la institucionalidad democrática.