Una comisión de fiscales presume que Marco Antonio Pumari cometió el delito de “obstaculización de procesos electorales”, estipulado en el artículo 238, h) de la Ley de Régimen Electoral en los siguientes términos:

“La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos (2) años”.

La Fiscalía presume que Pumari promovió desórdenes, obstaculizó, obstruyó e impidió la realización del proceso electoral del 20 de octubre de 2019.

¿Cómo probarán los fiscales que Pumari obstaculizó las elecciones del 20 de octubre de 2019 si fueron anuladas el 10 de noviembre de 2019 por el entonces presidente Evo Morales? ¿Creerán que se puede obstaculizar unas elecciones que dejaron de existir el mismo momento que fueron anuladas? ¿Qué resultado pudo impedir Pumari si las elecciones fueron anuladas por fraudulentas?

La decisión de Morales fue convertida en ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 24 de noviembre de 2019:

ARTÍCULO 2.

1. Se deja sin efecto legal las Elecciones Generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados.

2. Se dispone la realización de nuevas Elecciones Generales para elegir Presidenta o Presidente del Estado, Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, Senadoras o Senadores, Diputadas o Diputados y Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, para el periodo de mandato constitucional 2020 – 2025.

La Fiscalía también presume que Pumari deterioró, destruyó bienes del Estado y robó. Dijeron que hay videos y fotografías que lo prueban. El expresidente del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, Julio Mujica, declaró en Radio Compañera que esos videos y fotografías son borrosas y en ninguna de ellas aparece Pumari.

El Ministerio Público y el Gobierno del MAS presumen la culpabilidad y no la inocencia de Pumari. Si la Fiscalía fuera respetuosa del principio democrático, establecido en el artículo 116 de la Constitución y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presumiría la inocencia de Pumari y dejaría que se defienda en libertad.

El juez de Instrucción Primero de Llallagua, Raúl Arnold Barriga Villegas, también presumió la culpabilidad de un inocente mientras no se pruebe lo contrario y lo mandó a la cárcel de Uncía el pasado sábado.

Y cuando alguien presume la culpabilidad de su enemigo, acomoda los inexistentes hechos a su perversa mente.

Como ves, Pumari es preso político del gobierno de Luis Arce. En un gobierno democrático, no hubiese sucedido jamás una violación de derechos humanos de este tipo.

El autor es periodista