Tres exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí se contradijeron sobre la presunta participación del exlíder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari en la obstaculización de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la misma fue anulada por el entonces presidente Evo Morales y la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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Varias autoridades del gobierno de Luis Arce aseguraron que la detención del exdirigente cívico está enmarcada en las normas y garantizaron el resguardo de su integridad en la cárcel de Uncía.
El líder cívico Marco Antonio Pumari recibe atención médica tras su aprehensión en Potosí. Foto: Ministerio de Gobierno.
Tres exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí se contradijeron sobre la presunta participación del exlíder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari en la obstaculización de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la misma fue anulada por el entonces presidente Evo Morales y la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por un lado, Zulema Mamani, quien en octubre de 2019 era vicepresidenta del TED de Potosí, y la exvocal Claret Ramos responsabilizaron a Pumari por la quema de las instalaciones de la institución electoral de aquella región.
En entrevista con medios estatales, las vocales señalaron que Pumari ya estaba identificado en 2019 por conflictuar y convocar a la población a protestar contra las elecciones, lo que desembocó a que el TED sea asaltado, quemado y saqueado.
De acuerdo con Mamani, el vocal Julio Mujica, presidente del TED y delegado designado por la expresidenta Jeanine Añez, acompañó a presentar la denuncia de este caso ante la Fiscalía por esos hechos.
Sin embargo, Mujica afirmó que en la denuncia planteada ante la Fiscalía, ni el exlíder cívico ni ninguna otra persona fueron señaladas como responsables de la quema de las oficinas de esa institución en 2019.
Agregó que el TED no identificó a nadie como el responsable de la quema y dejó la investigación a la Fiscalía, porque las imágenes y videos de los hechos “eran borrosos” para sindicar a alguien en particular.
“Toda la documentación que se tiene en el tribunal y una copia, nosotros no hemos sindicado a nadie, no hemos dado nombres a nadie”, manifestó Mujica, en entrevista con radio Compañera.
Explicó que si Pumari hubiese sido identificado en la quema del TED, no se lo hubiera habilitado como candidato a gobernador en las elecciones subnacionales de este año.
Marco Pumari fue aprehendido la noche del pasado jueves y conducido a una celda policial en la población de Betanzos; luego lo condujeron hasta Uncía para su audiencia de medidas cautelares. Fue procesado por los presuntos delitos de allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado y obstrucción como delito electoral.
El dirigente cívico fue denunciado por obstaculizar a que se lleve adelante el proceso de cómputo electoral del 20 de octubre de 2019, en Potosí. Pero esa elección presidencial fue anulada el 10 noviembre por Evo Morales, quien llamó a renovar a la totalidad de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional y a bajar la tensión en el país, ante las denuncias de fraude electoral que había en aquel momento.
El fin de semana, la justicia dispuso seis meses de detención preventiva para Pumari a cumplir en el penal de San Miguel de Uncía. La población nortepotosina es uno de los bastiones del MAS.
Por su parte, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó ayer que el dirigente cívico estará aislado 14 días y luego pasará al área común con el resto de privados de libertad.
“Es un régimen abierto, es un régimen tranquilo, no escuchamos novedades ni de violencia ni de cosas irregulares de este centro penitenciario, por lo que el señor Marco Pumari está en un centro totalmente pasivo”, mencionó la autoridad.
Luego de someterlo a una evaluación, el personal médico estableció que la salud del expresidente de Comcipo es estable y Régimen Penitenciario resguardará su integridad, manifestó Limpias.
Otras órdenes de aprehensión
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, informó ayer que hay una orden de aprehensión contra el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, de quien dijo no se encuentra desaparecido, sino evade la justicia.
“Una persona que está siendo sindicada y que no quiere responder ante la justicia, y se escapa, es una evasión y puede ser catalogada también en determinación como prófugo de la justicia”, apuntó Cox.
Roxana Graz Iporre, presidente interina de Comcipo, dijo que los procesos abiertos contra los cívicos no tienen ni pies ni cabeza y solo tiene la intención de amedrentar y perseguir a los líderes potosinos.
“Su orden de aprehensión (de Manuel) es por los destrozos a la movilidad de la radiopatrullas y lo han ampliado por hurto y robo agravado”, detalló.
Informó que Juan Carlos Manuel y Ramiro Subia, cívico potosino que también es buscado por la Policía, se encuentran a buen recaudo y sus familias están preocupadas por la situación que atraviesan ambas personas.
Parlamentarios de oposición y abogados denunciaron que Pumari fue torturado y que la aprehensión en su contra se ejecutó de manera ilegal, sin haberlo notificado siquiera por este caso.
Pero el Ministerio de Justicia calificó de “nuevas mentiras” esas aseveraciones e informó que no hubo torturas al cívico y que la detención está enmarcada en las normas. Informó que Pumari es acusado de haber cometido delitos electorales tipificados en la Ley 026 de 30 de junio de 2010.
Denunciarán ante organismos internacionales el caso Pumari
Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, anunció que denunciará ante el Europarlamento y otras instancias internacionales el “secuestro político” del cívico Marco Pumari. A su turno, la diputada de Creemos María René Álvarez dijo que llevará el caso ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Estoy haciendo llegar este caso, denunciando ante el Europarlamento, a las organizaciones de Derechos Humanos, a toda la comunicad internacional y a las autoridades con las que tengo contacto, para que se sepa que en Bolivia se está perdiendo el proceso de las cualidades democráticas”, señaló Ribera.
La diputada Álvarez acusó a la Policía, Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de actuar sin cumplir el debido proceso ni garantizar los derechos de Pumari.
“Nosotros como parlamentarios nacionales vamos a hacer las denuncias correspondientes, ante el Comité Contra la Tortura de la ONU”, indicó.
Por su parte, el diputado del MAS Juanito Angulo aseguró que las instancias mencionadas cumplieron con los procedimientos legales y no vulneraron derechos. Dijo que Pumari cometió delitos electorales y debe ser sancionado.
“No solamente estamos hablando de cinco años, se puede establecer (una condena) de 15 a 20 años, y eso lo tiene que establecer en el proceso de investigación, una vez concluida la investigación el Ministerio Público”, apuntó.
