El operativo realizado para detener a los cívicos potosinos, el fin de semana, implicó un despliegue muy grande. En pocas horas fueron trasladados policías de otros departamentos de Bolivia, en una demostración de fuerza. El trato del Estado debe ser el mismo en todos los casos. No se puede tener un doble estándar en función a las afinidades políticas o cualquier tipo de distinción que se pueda hacer. La ley debe ser pareja para todos.
Los conflictos por la tierra en Santa Cruz derivaron en hechos violentos y la emergencia de grupos irregulares armados, que secuestraron y torturaron a periodistas, policías y otros ciudadanos. Luego de varias semanas hay sólo un detenido, en un operativo que terminó con amenazas a fiscales y policías, desnudando la poca presencia del Estado en una parte importante del territorio nacional. En esa investigación los recursos empleados fueron exiguos, en comparación con la movilización del fin de semana en Potosí.
En la retórica oficial y producto del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre los hechos sucedidos en Bolivia el 2019, se habló mucho de la presencia de grupos irregulares en el país. Las organizaciones ligadas a la oposición están siendo severamente tratadas por la justicia y lo que pasa en Santa Cruz echa por tierra el argumento de las autoridades gubernamentales, de desarticular con todo el rigor de la ley cualquier intento de desestabilización o acción armada, al margen del monopolio estatal.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) emitió un informe sobre el Estado boliviano que recomienda implementar, con un sentido de urgencia, una reforma judicial por la falta de independencia de la justicia. La recomendación se dio luego que una decena de expertos internacionales revisaran la situación de los derechos humanos del país. Al igual que otros organismos internacionales de derechos humanos insiste en que la justicia en Bolivia no es imparcial.
A los cuestionamientos de organismos internacionales se suma la desconfianza generalizada en la ciudadanía. Este fenómeno impone dificultades a la hora de debatir leyes y definir políticas públicas, por la ausencia de árbitros independientes que generen certezas. Una buena iniciativa legislativa se cae por tierra si el sistema no funciona. En los últimos meses se debatieron varias iniciativas que son minadas por la desconfianza de la ciudadanía con las instituciones del Estado.
Lo que necesita el país es avanzar en el fortalecimiento del sistema democrático y sus instituciones. La única forma posible es con el imperio de la ley. Un Estado de derecho se consolida cuando gobernantes y gobernados se someten a la constitución y las leyes. Cuando los jueces y fiscales actúan con la misma proporcionalidad en cada caso, sin mirar caras ni reconocer privilegios. Esa es la forma en la que debemos avanzar para superar la crisis política de 2019 y consolidar nuestra democracia.
Nadie se queja cuando la ley es pareja. El país está a la espera la actuación de la justicia en el caso de Guarayos. Las primeras declaraciones de algunas autoridades fueron, cuanto menos, confusas. No tuvieron la contundencia que se manifestó en otros casos, menos en Potosí. Esas contradicciones son las que afectan la credibilidad de las instituciones y dejan mal parado el discurso oficial, que se confronta con una realidad distinta.